Cárceles:seguridad, autoridad y reinserción
El asesinato el pasado jueves de la cocinera Núria López a manos de un interno en la cárcel de Mas d’Enric ha desatado una reacción sin precedentes de los trabajadores de los centros penitenciarios en Catalunya y ha generado también una ola de solidaridad en otros centros estatales. El preso Iulian Odriste, que tras los hechos se quitó la vida, cumplía una condena de 11 años por el asesinato de otra mujer y también por uso de arma blanca. Odriste llevaba cuatro años trabajando en la cocina de la prisión gracias a un contrato de la empresa pública Centro de Iniciativas para la Reinserción (Cire) que promueve la reinserción social de los presos, de acuerdo con lo que establece nuestro sistema legal, y su comportamiento hasta esa fecha no había sido problemático a excepción de un incidente aislado con otro interno el pasado diciembre, a quien propinó un puñetazo, y por lo cual fue expedientado y apartado de la cocina durante dos meses.
Inmediatamente tras el luctuoso suceso los trabajadores de esa y de otras prisiones catalanas organizaron actos de protesta y de condena espontáneos a los que rápidamente se añadieron los sindicatos y que durante el fin de semana llegaron incluso a bloquear los centros penitenciarios afectando su normal funcionamiento y provocando situaciones lesivas con los derechos de los presos. El asesinato fue la gota que hizo colmar el vaso de una situación explosiva largamente gestada ya que los trabajadores llevaban tiempo alertando del aumento de los incidentes en las cárceles, hasta el punto de que, según un informe del sindicato CSIF, el año pasado se registró una media de 1,6 agresiones al día a miembros del personal penitenciario, una situación ante la cual los trabajadores se sienten desamparados. Reprochan a la Conselleria de Justícia haberlos dejado desprotegidos tras la aprobación de unos protocolos de actuación que prohíben las contenciones y que les niegan la consideración de agentes de la autoridad. Es por ello que han pedido la dimisión de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, y del veterano secretario general de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, y rechazan cualquier interlocución con ellos.
Los trabajadores están en su derecho de exigir responsabilidades políticas pero no como condición previa para un diálogo que debe servir para evitar que un hecho tan lamentable se vuelva a producir. La asunción de responsabilidades ha de ser el resultado de una investigación que aún está en marcha y que debe responder a numerosos interrogantes, en particular a la pregunta de en qué condiciones el sistema puede permitir que un preso condenado por apuñalar a una mujer tenga acceso a cuchillos, porque reinserciones puede haber muchas. A su vez los trabajadores pueden ser críticos con las políticas penitenciarias de la Generalitat e incluso tildarlas de buenistas pero no les corresponde a ellos decidir la orientación de la política. Su experiencia y sus necesidades han de ser tenidas en cuentas. Pero sobre todo su seguridad, que debe emanar del respeto al principio de autoridad, debe quedar garantizada, y más teniendo en cuenta que en el último ejercicio la dotación presupuestaria del Departament de Justícia fue la más elevada de la historia. Cualquier solución ha de ser compatible con el respeto a los derechos de los presos y con la puesta en práctica de políticas de reinserción.
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DIRECTOR:
Los funcionarios tienen derecho a pedir responsabilidades políticas pero no como condición previa para el diálogo
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