Ubasart defiende que el asesinato de Núria L. era «difícilmente previsible»
La titular de Justícia plantea ante el Parlament reforzar la vigilancia en las prisiones, pero la oposición le recrimina la falta de medidas nuevas y que no se hayan asumido responsabilidades.
La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, aseguró ayer en el Parlament que el crimen de Núria L., la cocinera de la prisión tarraconense de Mas d’Enric, ocurrida el pasado 13 de marzo, era «difícilmente previsible» porque los sistemas de control del interno que cometió el asesinato, I. S. O., apuntaban a un perfil de riesgo bajo. Durante su estancia en la prisión –en la que cumplía una condena de 11 años por matar a una prostituta– se le realizaron un total de 14 evaluaciones, la última en julio de 2023, y solo tenía en su contra una sanción de 11 días de aislamiento por propinar un puñetazo a otro interno que, según él, le insultaba. «La probabilidad de que el interno se comporte de forma violenta contra otros internos o contra el personal fue bajo a lo largo de toda la trayectoria penitenciaria, a excepción de la evaluación efectuada el 20 de mayo del 2020, que dio un resultado medio», subrayó Ubasart.
La consellera, sin embargo, se quedó sola en la Cámara catalana y solo recibió el apoyo de ERC. El diputado del PSC Ferran Pedret le recriminó su gestión de la crisis, que calificó de «incompresible», y la falta de respuesta, de nuevas propuestas y de que no se hayan asumido responsabilidades. «Usted y su equipo han perdido el contacto con la realidad», aseguró. Francesc de Dalmases, de Junts, también criticó a la conselleria y pidió su dimisión, porque en su comparecencia, recalcó, «no ha propuesto nada».
Falta de seguridad
Ciutadans, por su parte, defendió el «gran malestar de los funcionarios» y recalcó que «no está funcionando» la seguridad en las cárceles, por lo que pidió, igual que el PP, el cese de la consellera y del secretario de Mesures Penals, Amand Calderó. «Ustedes idealizan a los presos, los funcionarios no son unos ogros y una cárcel no es un balneario veraniego», espetó el representante popular. La CUP y los Comuns, por su parte, alegaron que la protesta de los funcionarios no puede justificar la «vulneración de los derechos de los presos» y, menos aún, que se acepte una involución del sistema penitenciario catalán, hacia un «modelo punitivista».
La consellera reivindicó no solo cómo ha afrontado el conflicto con la plantilla de las cárceles, reiterando su mano extendida para dialogar y llegar a soluciones, como el trabajo realizado desde hace años desde la Generalitat, citando a algunos de los responsables que han estado al frente del servicio penitenciario, entre ellos, Calderó, cuya dimisión es exigida por los funcionarios de las cárceles. A las ocho de la mañana, la consellera fue recibida en la puerta de la Cámara catalana por unos 150 funcionarios que le gritaron «asesina». Los empleados de las prisiones catalanas reiteraron la petición de dimisión de ambos.
Las medidas
En su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara catalana, Ubasart explicó una serie de medidas para mejorar la seguridad de los empleados de las prisiones, como el aumento de funcionarios de vigilancia en los servicios –especialmente en la cocina–; el refuerzo del sistema de emergencias (facilitando un dispositivo de comunicación y pulsadores de alerta); el incremento del personal de cocina, y una futura revisión de los criterios para el destino de reclusos a determinados servicios. A la vez, también anunció otras estructurales, como el aumento de la plantilla penitenciaria; la revisión de protocolos y espacios; la priorización de la jubilación anticipada en las negociaciones entre el Gobierno catalán y el español con el objetivo de rejuvenecer la plantilla, y la creación de un cuerpo propio de los profesionales penitenciarios.
«Vuelvo a tender la mano a todos los actores implicados en desescalar un conflicto que ha tensionado mucho el sistema, y reiteró la necesidad de que todos estemos a la altura de la gravedad de la situación», apuntó Ubasart, quien advirtió a los funcionarios de que «el derecho de protesta no puede poner en entredicho el funcionamiento de un servicio esencial como el penitenciario. Es necesario garantizar derechos y seguridad a internos y trabajadores. Sin ello, difícilmente podrá adelantarse mejora alguna».
La consellera realizó un detallado repaso al historial en la cárcel del autor del asesinato de Núria L. Según el expediente interno que se abrió tras el crimen, I. S. O., el autor, «siempre se mostró como una persona educada, correcta en el trato, reservada, con poca interacción con el resto de internos del centro», por lo que se le consideraba «una persona digna de confianza y muy buen trabajador». Durante el cumplimiento de condena, las valoraciones en el sistema de evaluación obtuvieron «muy mayoritariamente» el nivel más alto «en cuanto al rendimiento, dedicación y conducta mostrada». ■
«Usted y su equipo
han perdido el contacto con la realidad», aseguró Pedret, del PSC