Una financiación justa

El Govern de la Generalitat ha puesto sobre la mesa su propuesta de «financiación singular» para Catalunya. Es verdad que cuando se programó la presentación aún no se había producido el adelanto electoral, pero también es cierto que la decisión del president Aragonès –ahora candidato en precampaña– de mantenerla en la agenda sitúa la propuesta en el contexto de las elecciones del 12M. No es el mejor marco para que fructifique un proceso de negociación –PSOE y ERC han acordado posponer la mesa de diálogo hasta después de las europeas–, pero sí que es el momento oportuno para que los partidos expliquen cuál es su propuesta para financiar los servicios públicos. Es una asignatura pendiente.

A inicios de mes, una veintena de entidades reclamaron ya un nuevo modelo de financiación y constataron que el actual «no es ni transparente, ni equitativo ni eficiente» y «representa un obstáculo para el progreso económico y el bienestar social de muchas comunidades autónomas, entre ellas, Catalunya». Sin decantarse por una vía concreta, pedían un nuevo sistema, bien a través de una «profunda reforma» del actual o mediante «un modelo federal o un pacto fiscal». Es esta última vía, que recuerda el concierto vasco, la que inspira la propuesta del Govern. En concreto, la Generalitat pide la gestión de todos los impuestos generados en el territorio catalán (cerca de 52.000 millones) y negociar tanto el pago de los servicios del Estado como la cuota a la solidaridad interterritorial. El Govern subrayó el carácter solidario del modelo –una forma implícita de diferenciarse del concierto vasco–, lo que provocó la réplica de Imanol Pradales, candidato en campaña del PNV, que argumentó que el País Vasco aporta más recursos al Estado que los que les correspondería por población, que financia el fondo de compensación interterritorial sin que revierta en su comunidad y que asume un riesgo unilateral: «Si no lo hacemos bien, no viene el Estado a rescatarnos».

El concierto vasco, a diferencia de la «financiación singular» que propone ahora el Govern, está blindado por la Constitución. No basta con utilizar eufemismos para sortear los escollos legales, pero es una realidad que, siendo cuestionable la viabilidad de ese modelo singular, Catalunya necesita una financiación justa (más recursos y mayor transparencia) para administrar sus competencias propias, empezando por la lengua y la cultura, o para afrontar el diferencial del coste de la vida. La mejor forma de reclamar esta financiación justa pasa por gestionar desde la excelencia los recursos que ya se disponen.

La singularidad catalana y la diversidad del conjunto de España encuentran en los instrumentos del modelo federal el marco para conciliarse. El debate que abre ahora la propuesta del Govern de ERC debe propiciar que el PSC, como alternativa de gobierno, concrete su modelo de financiación en el marco federal que abandera. Ni unos pueden jugar con las palabras ni otros mantenerse en el terreno de los conceptos genéricos.

Nadie puede olvidar, tampoco el PP, que un modelo de financiación justo para Catalunya –uno de los motores económicos de España– revierte en el conjunto del Estado. Ahogar ese motor con una infrafinanciación no solo perjudica a los ciudadanos de Catalunya sino a los de toda España.

■

Una campaña no es el mejor contexto para negociar, pero sí para que cada cuál exponga su propuesta