«El fiscal general del Estado no puede bajar a la boca del metro a hacer un campeonato de filtraciones»

El paisaje después de la escaramuza mediático–fiscal como prólogo a la acción de la magistrada María Iglesias Sánchez, titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, que admitió el pasado viernes 22 una denuncia de la fiscalía de Madrid contra Alberto González Amador por dos presuntos delitos fiscales (350.951 euros) y uno de falsedad, en un contrato de venta de mascarillas, registra unas nubes que han oscurecido, momentáneamente, delitos fiscales de manual y han provocado una nueva autovictimización de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una presunta persecución al que la sometería el presidente del gobierno Pedro Sánchez, en este caso a través de una investigación contra su novio.

Tras conocerse la información a través de una noticia exclusiva de eldiario.es la presidenta Ayuso atribuyó a Pedro Sánchez, el miércoles pasado, tras la reunión de su equipo de gobierno, una «persecución política escandalosa donde todo huele a turbio», al ser preguntada por el presunto fraude fiscal de su pareja. «Está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe», añadió, haciendo exhibición de su conocimiento de la situación. Y fruto de un estado de nerviosismo visible, remató, al hablar de la vivienda en la que vive con González Amador: «No es un piso de un millón, no es mío. Está hipotecado, está registrado mediante notario, está legal. No está comprado, como hacen tantos políticos socialistas con billetes en rulos; tengo el derecho a dormir en la cama que considero».

La presidenta, pues, oficializó la presunta infracción fiscal –«una inspección fiscal salvaje»– sin alejarse del tema, como un tema de su pareja, e incluso revelando detalles de la disputa. Esa noche, Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de la presidenta, en la misma longitud de onda que la presidenta, es decir, plantar cara al tema del presunto fraude de González Amador, aportó a varios medios de comunicación un correo reservado en el que se leía que el fiscal a cargo del asunto en la Fiscalía de Madrid, Julián Salto Torres, aclaraba al abogado de González Amador -a todas luces era una respuesta a un correo anterior del fiscal- que no veía obstáculos para formalizar un acuerdo de conformidad. Rodríguez añadía a sus interlocutores –por escrito– que esta oferta de pacto había sido retirada por orden de «arriba». Varios medios reprodujeron esa noticia.

Error doble

El error estratégico de Rodríguez era doble: primero, hacía público un documento reservado del abogado en su relación con el fiscal y segundo, al le daba vuelta a la tortilla al «vender» que existía una oferta del fiscal para llegar a un acuerdo, algo que por orden de «arriba» había sido rectificado.

Ese miércoles por la noche algunos medios de verdad veraces y de calidad llamaron a la Fiscalía de Madrid, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (FTSJM) de Madrid y a la Fiscalía General del Estado (FGE). Querían conocer si era cierto que el fiscal del caso, Julián Salto Torres, había tenido la iniciativa de ofrecer el pacto.

La fiscal superior de Madrid, Lastra, se negó a hacerlo, habida cuenta, sostuvo, que era suficiente con una nota de desmentida sin entrar en pormenores que eran materia reservada. El fiscal general del Estado, tras el envío del preceptivo oficio que le cursó Lastra negándose a ocuparse de publicar el comunicado, en lugar de ordenar a la dirección de comunicación de la FGE que difundiera la nota, la transmitió a la dirección de comunicación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien finalmente la difundió.

García Ortiz decidió que incluso con el segundo correo filtrado hacía falta publicar una nota explicativa, que no debía limitarse a desmentir lo que había difundido Rodríguez, sino a poner negro sobre blanco toda la secuencia de los contactos.

La fiscal superior de Madrid, Lastra, se negó a hacerlo, habida cuenta, sostuvo, que era suficiente con una nota de desmentida sin entrar en pormenores que eran materia reservada. El fiscal general del Estado, tras el envío del preceptivo oficio que le cursó Lastra negándose a ocuparse de publicar el comunicado. Con todo, en lugar de ordenar a la dirección de comunicación de la FGE que difundiera la nota, la transmitió a la dirección de comunicación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien finalmente la difundió.

«El fiscal general del Estado no puede bajar a la boca del metro a hacer un campeonato de filtraciones con los fontaneros de una lideresa populista. Estás a la cabeza de una institución del Estado, no dirigiendo una ONG que echan puré de verduras en los cuadros que cuelgan en los museos», señala un fiscal consultado.

Pero Miguel Ángel Rodríguez no es un fontanero cualquiera. Y, estrictamente, aunque sus amenazas a los medios han aflorado rasgos de su carácter autoritario, sometido a una dura prueba en el caso del novio de Díaz Ayuso, algunos hechos merecen algo de detenimiento en cuanto a su moralidad.

La época de Rodríguez con Aznar

En la contabilidad manuscrita del PP que llevaba Luis Bárcenas, visada por su superior, el tesorero Álvaro Lapuerta, aparece el 23 de octubre de 1997 un pago de 1.500.000 pesetas. Esto ha sido conocido en su día. Pero la contabilidad mecanizada 1993-1996, desencriptada del pendrive de Luis Bárcenas, fue entregada al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Pablo Ruz. La versión completa fue volcada por el inspector titular número 82.701 y el policía con carné profesional 106.594 de la Comisaría General de Policía Científica, Unidad Central Criminalística, sección Informática Forense. Pero al dar traslado a las partes, se omitió la columna de Observaciones.

Entre las observaciones de interés figura en 1993 un pago de 1 millón de pesetas «por indicación de J.M.» [presuntamente José María Aznar], a Pedro Arriola, el extinto gurú electoral del PP. En el mes de noviembre de 1993, con el número 50, se puede ver una entrega de 300.000 pesetas «a Sánchez». Se trata del periodista de Abc, José Antonio Sánchez, más tarde presidente de RTVE y actualmente de Telemadrid. Se observa: «Indicación de M.A. Rodríguez», entonces director de comunicación del PP.

En 1994 con el número 53 hay una nueva entrega, en diciembre, esta vez de 400.000 pesetas a J. A. Sánchez. Se observa: «Petición de Miguel A. Rguez». Y en 1995, se registra una nueva entrega con el número 36, en julio, a «José A. Sánchez» de 350.000 pesetas y se observa junto a su nombre «M. A. Rod». Es decir: Miguel Ángel Rodríguez.

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