Pugna por los ‘malos’ pisos turísticos
La cruzada vecinal contra los apartamentos para viajeros que se alquilan sin control se extiende tras la campaña impulsada por afectados en el Eixample. Tres casos ilustran el grave problema que generan en las comunidades.
La batalla de vecinos particulares que conviven con un piso turístico legal pero conflictivo crece con la adhesión nuevos afectados en Barcelona. Son alojamientos que ocasionan ruidos y molestias continuas a sus comunidades y que han logrado que los perjudicados se movilicen para que el ayuntamiento los cierre, aprovechando la nueva normativa que permitirá revocar licencias periódicamente. Hasta ahora hacían cada uno la guerra por su cuenta, con meras llamadas a la Guardia Urbana o quejas en las oficinas de atención al ciudadano, con escaso éxito.
En estos momentos se están organizando en red a partir de la Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample y otras entidades de barrio para reclamar que la regulación catalana implique la erradicación de los apartamentos que acumulan más quejas en la capital.
Los vecinos ven una salida en la nueva regulación que los municipios podrán modular y el alcalde Jaume Collboni quiere aprovechar para reducir drásticamente los 9.818 apartamentos turísticos de Barcelona. No obstante, habrá cinco años de plazo para el reordenamiento mediante licencia urbanística y la primera purga, recuerdan preocupados. «Y hay casos que no pueden esperar», aseveran. La movilización de Alba S. en el Eixample, de la que informó este diario hace unos días, ha encontrado eco y suma nuevos frentes.
La entidad logró hace unos días reunirse con el concejal del distrito y responsable de Promoción Económica, Jordi Valls, y con otros representantes de cinco comunidades de vecinos al límite de la resistencia. El consistorio esgrimió la dificultad de actuar cuando se trata de los llamados HUTS con licencia, ya que actualmente los únicos supuestos para revocarla serían no tener cédula de habitabilidad o acumular más de tres sanciones firmes por no tener teléfono de atención 24 horas, que no suele ser el caso.
La gran mayoría de pisos turísticos de Barcelona ya no tienen gestión particular, sino que están derivadas a grandes empresas profesionales que a su vez delegan la seguridad en otras firmas, encargadas de acudir si hay algún problema de orden. Pero al atender telefónicamente las quejas y asegurar que lo resolverán, quedan impunes. Además cuando los vecinos llaman directamente a estas centralitas, no queda registro público del número de incidencias.
La misma fuente municipal precisa que en el caso de Bruc 42, desde el año pasado constan 10 quejas al teléfono municipal 112, que a su vez avisa a las empresas. «Si responden y se muestran colaborativos no se desplazan patrullas», de forma que no hay sanción. Pero en tres ocasiones sí lo hicieron, con el resultado de otras tantas multas de 460 euros por excesos, cubiertas de sobras por reservas a entre 200 y 400 euros al día.
Valls considera que por legales que sean en términos de licencia, no pueden acumular quejas. El edil reiteró la voluntad clara del ayuntamiento de «reducir los pisos turísticos». Tanto por los problemas de convivencia que comportan algunos, como por la intención de devolverlos al mercado residencial. También se pretende aumentar su presión fiscal, aunque aún no lo ha conseguido por «falta de apoyo político.
Por su parte, la patronal Apartur defiende el impacto económico y el cliente familiar de muchos pisos turísticos.
Barra libre en Doctor Trueta
Algunos ejemplos de la complicada vida en comunidades de vecinos con apartamentos ilustran el escenario. Ferran P. tiene claro que la pesadilla que dura más de 10 años no le va a hacer dejar su piso de la Vila Olímpica. Compró una vivienda en los bajos de una finca, a la vez que un inversor residente en Andorra adquirió el piso de arriba. Tiene unos cien metros que dan mucho de sí, visto que se han llegado a alojar hasta una docena de personas, y no hay control de acceso. «Vivimos día y noche con ruidos, molestias e incivismo».
No pudieron cambiar los estatutos de la comunidad porque el afectado lo evitó. La empresa que los gestiona ha llegado a desentenderse de una fuga de agua, añade, y se adueña del vestíbulo para dejar sus sacas de ropa para limpiar, que recogen más tarde. «Hemos tenido que llamar incluso a los Mossos dos veces, porque me entraron en la terraza», desgrana. Al parecer un turista no lograba acceder al piso alquilado y no dudó en colarse en su terraza para trepar hasta la ventana del alojamiento.
Pero además, sufre la lluvia de colillas, saraos, llamadas por error a su timbre de madrugada o cuando alguien pierde la llave… Hasta el punto de que una vez «reventaron la puerta del portal». En estos años se han encontrado con huéspedes jóvenes durmiendo en la escalera.
Para más inri, el bloque de al lado –con el que comparten piscina y zona comunitaria– tiene otro apartamento turístico colindante. Ferran está cansado. «Es desesperante enviar mensajes al 010 y que respondan que está pendiente de inspección», dice, sumando 22 denuncias por esta vía.
Más turistas en Bailèn
En la calle de Bailèn un avispado propietario tuvo la ingeniosa y asequible idea de sacar una licencia turística para todos los pisos de la finca cuando aún se concedían a destajo, si se comprobaba si tenían uso. No le importó que en todos y
cada uno de ellos hubiese vecinos y calculó que según se fueran marchando los residentes iría ampliando el negocio. Con los arrendatarios más jóvenes llegó a acuerdos para dejar libres las viviendas, pero con los de renta antigua era cuestión de paciencia, denuncia Joan, un allegado de los residentes afectados, que tienen miedo de elevar su queja por si sufren represalias o «pierden el piso».
Del total de 12 viviendas, solo quedan cuatro en alquiler tradicional. Las otras son turísticas, menos una que se alquila por habitaciones, agregando más trajín a la escalera. Las escenas de incivismo, los golpes a puertas a medianoche y el olor a marihuana en el patio interior son habituales, narra. «Llegan a meterse 15 personas en un piso», añade Joan. Además, suele haber mucho movimiento de reformas porque es frecuente que las viviendas precisen reparaciones. «Es otro tipo de
mobbing» , denuncia. «Han llegado a intervenir mediadores», pero no se ha solucionado.
Otro ilegal en Bruc
En otra finca de Bruc hay un caso diferente, porque el apartamento que trae de cabeza a la comunidad de vecinos no tiene licencia. Sin embargo, tampoco ha podido ser precintado. Montse L. lo sufre hace años en sus distintas versiones. Al parecer es propiedad de alguien de nacionalidad china que inicialmente lo alquiló a estudiantes de esa nacionalidad y más tarde a un inquilino que lo realquila por habitaciones a turistas.
Los vecinos lograron una inspección municipal, que no pudo acceder al piso pero sí constató la salida de viajeros con maletas de la vivienda.
Si comprobar la actividad ya es complejo, aún lo es más en el caso del arrendamiento por habitaciones, cuando es difícil saber si alojan por días (ilegal en Barcelona) o por temporada (permitido a partir de un mes de estancia). Además, permanentemente se oye un fuerte zumbido en la casa porque utilizan lavadoras industriales dada su gran actividad, denuncia con impotencia.
El creciente
colectivo pide a Collboni revocar las licencias que dan problemas