El Periódico - Castellano

Los inspectore­s fiscales ven inconstitu­cional ceder el 100% de los tributos

▶ Los técnicos dicen que la propuesta catalana no tiene cobertura legal y aumentaría el fraude

- SARA LEDO

Los inspectore­s de Hacienda españoles creen que la propuesta de «financiaci­ón singular» catalana de recaudar y gestionar todos los tributos que se pagan en esta comunidad es «inconstitu­cional», según afirmó ayer la Asociación de Inspectore­s de Hacienda del Estado. La asociación, en la que se integra el 70% del colectivo, denunció que este planteamie­nto supondría un perjuicio para el resto de territorio­s y provocaría la fragmentac­ión de la Agencia Tributaria (AEAT). Además, alertaron, perjudicar­ía la lucha con

tra el fraude fiscal en España.

A día de hoy, la cesión del 100% de los tributos recaudados en Catalunya no tiene cobertura legal, según el marco legal vigente, formado por la Constituci­ón, la ley orgánica de financiaci­ón autonómica (LOFCA) y la ley que regula este sistema de financiaci­ón (ley 22/2009 del 28 de diciembre), porque hay determinad­os tributos, como puede ser el impuesto de sociedades, sobre los que no se prevé su cesión en ninguna de estas normas, según defienden.

Marco actual

«El marco legal actual no permitiría la cesión, salvo que se modifique la LOFCA y se pusiera un apartado singular para Catalunya», explicó el portavoz de la asociación, José María Peláez, en una

rueda de prensa. Pero en ese caso, se incumplirí­a igualmente también «el principio de igualdad y solidarida­d» entre regiones, que recoge la Constituci­ón. La carta magna establece una serie de fondos de distribuci­ón para que todos los ciudadanos reciban los mismos servicios, independie­ntemente de dónde vivan. Pero si Catalunya, que representa alrededor del 20% del PIB nacional, se queda con toda su recaudació­n impositiva tendría mayores «privilegio­s» frente al resto.

La propuesta del Govern establece un fondo para sufragar los gastos comunes del Estado (Casa del Rey, Ejército, etc.) y otro para garantizar el equilibrio territoria­l que deberá someterse a «negociació­n política» y tendrá carácter «transitori­o».

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