Biden tiene la llave de Assange
Hay pocas dudas entre los juristas consultados de que el Gobierno de EEUU otorgará las garantías que piden los jueces británicos de que, en caso de ser extraditado, el fundador de Wikileaks tendrá un juicio justo y no recibirá una condena a muerte.
¿Está el periodista australiano Julian Assange más cerca o más lejos de la extradición a Estados Unidos tras el fallo del pasado martes? Después de 11 años de pleito, los primeros seis años desde su domicilio en la embajada de Ecuador en Londres y los cinco posteriores desde la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, el deseo de la justicia británica, así como el del Ministerio del Interior, de entregarle está plasmado en varias sentencias y resoluciones, un deseo que tiene dificultades para convertirse en realidad ya sea por razones de salud o políticas, habida cuenta de sus graves consecuencias políticas y democráticas.
El fallo del pasado martes, 26 de marzo, tenía que resolver un problema aparentemente sencillo: autorizar una nueva apelación o bajar el pulgar y dar vía libre a la extradición en pocos días. Los jueces no decidieron ni lo uno ni lo otro. El solo hecho de que no bajasen el citado pulgar ha sido interpretado como una pequeña victoria o respiro para un Assange al borde del abismo. Pero la decisión ha sido lo más parecido a la típica escena de las películas norteamericanas en las cuales un condenado a muerte recibe en la cárcel la noticia de que un recurso ha conseguido aplazar la ejecución.
Los jueces han decidido que Assange podría obtener el permiso para apelar la decisión de extraditarle sobre la base de tres puntos. Pero, atención, esa autorización tiene que pasar por una prueba fundamental: la Administración Biden tiene tres semanas para aclarar si ofrece una serie de garantías en caso de que la entrega –ya decidida judicial y políticamente– se produzca. Una vez recibida la aclaración las partes podrán alegar nuevamente y una audiencia tendrá lugar el 20 de mayo.
La cara y la cruz
¿Esa audiencia conducirá a los jueces a decidir si se extradita a Assange? No. Esa audiencia dará pie a que los jueces resuelvan si permiten a Assange apelar/recurrir la decisión de fondo de extraditarle a EEUU. Fidel Nárvaez, excónsul de Ecuador en Londres, un hombre que mantiene su amistad con Assange y que conoce todo el proceso de cabo a rabo, ve la cara y la cruz del fallo. «Puede verse como una pequeña victoria parcial pero que tiene también el sabor a derrota. Los jueces han aplazado una decisión final sobre si autorizan o no una última apelación. Los jueces han rechazado seis de los nueve motivos para apelar. Solo han decidido que la apelación podría darse en tres puntos. El rechazo de los seis puntos es crucial: uno de ellos es que el delito que motiva la solicitud de extradición de Estados Unidos es un delito político y, por tanto, no debería ser extraditado.
Los jueces han resuelto en el sentido contrario: Assange sí puede ser extraditado por los delitos que se le imputan. Tampoco aceptan el argumento de que Assange no tiene posibilidad de ser sometido a un juicio justo y han decidido plantear a EEUU que presenten garantías de que en caso de ser extraditado y sentenciado en EEUU no recibirá una condena a muerte, que Assange podría invocar el derecho a la Primera Enmienda [que protege la libertad de expresión] es decir, no ser discriminado por no ser ciudadano norteamericano».
Narváez destaca el carácter político del caso. «De hecho, los jueces están proponiendo a la Administración Biden, es decir, a un poder político, a ser parte de un proceso judicial, lo cual evidencia precisamente que estamos en un caso de carácter político. Porque las garantías que piden los jueces británicos las va a firmar el secretario de Defensa. Y en mayo los jueces analizarán si las garantías de EEUU son suficientes o si la defensa de Assange puede convencer a los jueces de que no tienen valor. Son cinco años en los cuales Assange sigue en una prisión de máxima seguridad sin cumplir ninguna sentencia.
Seguridad nacional
Entre los juristas consultados existen pocas dudas de que la Administración Biden otorgará las garantías que se le piden en el fallo. Pero en uno u otro caso, tanto si las aportan como si no, Assange no quedará en libertad, sino que recibiría autorización para apelar. «El hecho de que la Administración Biden afirme que va a respetar el derecho de Assange a ampararse en la Primera Enmienda no presupone que en el tribunal se vaya a admitir dicho argumento porque la doctrina vigente sostiene que lo que se ha publicado [por los medios a los que Assange ha aportado la información] afecta a la seguridad nacional y, por tanto, no está cubierto por la libertad de expresión», señala Narváez.
Chelsea Manning, la soldado que obtuvo los documentos que se convirtieron en la revelación de los planes secretos de las invasiones de EEUU en Afganistán e Irak, entre otros países, ya ha sido condenado a 35 años de prisión como fuente de Assange. «Lo que hizo Julian es lo que se supone debe hacer el periodismo y es publicar información que el Gobierno no desea hacer pública. Eso no es delito. Sería la primera vez que se convertiría en delito en EEUU.
■