Protección de Datos avala el uso de cámaras dentro de los taxis

La APDCAT sugiere la posibilidad de modificar la Ley del Taxi para permitir la videovigilancia como una medida de seguridad.

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) emitió ayer un dictamen que avala la instalación de cámaras en el interiores de los taxis, una medida de seguridad que desde hace años reclama el colectivo de taxistas de Barcelona y que, recientemente, ha cobrado especial relevancia después de que salieran a la luz diversos casos de acoso sexual a mujeres taxistas.

En su dictamen, la APDCAT sugiere la posibilidad de modificar la Ley del Taxi para permitir la videovigilancia como una medida de seguridad, siempre y cuando se cumpla con los principios de protección de datos y se asegure su proporcionalidad y necesidad.

La APDCAT considera lícita la instalación de cámaras en el interior de los taxis, con la condición de que la grabación la active el con

ductor en situaciones de peligro, con el fin de prevenir y, si es necesario, perseguir agresiones y otras conductas delictivas perpetradas en el interior del mismo. Cuando se utilice con estos fines, el tratamiento de datos personales obtenidos se regirá por la legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680.

Condiciones de uso

Para que el uso de cámaras en los taxis sea legal se establecen ciertas condiciones de acuerdo con los principios y garantías de la normativa de protección de datos. Los usuarios deben ser informados de la existencia de videovigilancia mediante dispositivos informativos colocados de manera visible en el vehículo, que incluyan la identidad del responsable y la posibilidad

de ejercer los derechos de protección de datos. En este sentido, se recomienda la inclusión de una dirección electrónica o códigos QR para acceder fácilmente a más información sobre el tratamiento de datos, y se sugiere que los mencionados carteles informativos se adecuen, en cuanto a su imagen, a efectos de garantizar una unificación y su clara identificación.

Además, se pone como condición que la conservación de datos se limite al tiempo necesario para la finalidad del tratamiento y, en el caso de la videovigilancia, las imágenes deben eliminarse en un plazo máximo de un mes, a menos que sean necesarias para investigar infracciones penales. El responsable del tratamiento de datos de los sistemas de videovigilancia en los taxis sería el titular de la licencia.

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