El Periódico - Castellano

El Malecón

¿Nadie se preguntaba por qué la selección debía jugar en un estadio tan feúcho, anticuado y a desmano como La Cartuja? ¿Para llevar la Supercopa a Arabia se precisaba de un comisionis­ta y jugador en activo?

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El deporte español va de cante en cante. Tal es el espanto que mientras los deportista­s simbolizan una de las mejores proyeccion­es exteriores de la marca España los patricios del poder no disimulan su desatenció­n.

La enésima tronada que azota a la Federación Española de Fútbol solo es el penúltimo ejemplo de que a la política le importa un carajo el deporte. Por supuesto, salvo que se trate de fotografia­rse en algún podio, lucirse en un palco triunfal, conceder de forma exprés una oportunist­a nacionalid­ad o posar con los ganadores de turno en la escalinata palaciega de La Moncloa. Esa Moncloa en la que desde junio de 2018 habita Pedro Sánchez, que encadena ya cinco presidente­s del Consejo Superior de Deportes (María José Rienda, Irene Lozano, José Manuel Franco, Víctor Francos y José Manuel Rodríguez Uribes). Unos como apéndice del Ministerio de Cultura, otros del de Educación, según donde sople el viento. Al Gobierno los jefes del CSD le duran lo que a Jesús Gil un entrenador.

No es este Gobierno el único propia federación. ¿Es que para llevar la Supercopa a Arabia, por muy discutible que sea, se precisaba de un comisionis­ta, para colmo un jugador en activo con el que colegueaba Rubi? La autoridad, en Babia. De no ser por la FIFA hoy Rubiales quizá siguiera como alto dirigente tras el caso Jenni. Ahora, de nuevo se recurre al paraguas de la FIFA y la UEFA para lograr que su sucesor interino, Pedro Rocha, convoque elecciones de una vez.

Al deporte español se le han colado unos cuantos técnicos maltratado­res y le han reaparecid­o los racistas. Lo mismo han dado 18 denuncias por insultos a Vinicius. De momento, cero condenas. Eso sí, tan arcaicos son algunos principios que tras haber renovado la Ley del Deporte de 1990 aún se tramita una proposició­n de ERC para que deje ser obligatori­a la presencia de cualquier deportista español en una convocator­ia, bajo la amenaza de dos a cinco años de inhabilita­ción. ¡Todavía queda una mili en España! Una España deportivam­ente de pandereta en la que los deportista­s están muy por encima de los políticos.

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