Boluarte califica de «ilegal» el registro de su casa por el caso Rolex
▶ Fiscales y policías peruanos entraron el viernes en el Palacio de Gobierno y la casa de la presidenta, investigada por presunto enriquecimiento ilícito
«Esta presidenta no se rinde», dijo con tono adusto Dina Boluarte. La estabilidad política de la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, vuelve a pender de un hilo. El viernes por la noche, un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional allanó su casa en el marco de una investigación preliminar abierta en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Los medios lo han llamado «el caso Rolex», por el acopio personal de objetos de esa marca y otros valuados en su conjunto en unos 500.000 dólares. El distrito limeño de Surquillo se alborotó por un operativo que siguió horas más tarde en la sede del Ejecutivo. «Soy respetuosa de la investigación fiscal, sin embargo, rechazo la forma cómo se hace de manera discriminatoria e inconstituciona», dijo la mandataria provisional horas más tarde. Las acciones llevadas a cabo, señaló no obstante, fueron «arbitrarias, desproporciónales y abusivas».
Boluarte no se encontraba en su domicilio durante el resgistro. En el lugar solo estaba uno de sus hijos, aunque luego llegó uno de los abogados de la mandataria provisional. Según la emisora RPP, el allanamiento con fines de registro de incautación fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley tras un requerimiento presentado por el fiscal general, Juan Carlos Villena, como parte de una investigación que comenzó ante la sospecha de omisión en la declaración jurada de sus relojes, joyas y pulseras.
El primer ministro Gustavo Adrianzén repudió la acción policial y de la fiscalía y dijo sentirse «indignado» con las escenas que la televisión y las redes sociales no dejaron de exhibir. «Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la presidenta. No es posible que tengamos que ser testigo de acciones totalmente desproporcionadas y, cuando no, hasta inconstitucionales». Adrianzén recordó que se había pedido al Ministerio Público una nueva fecha para que Boluarte pudiera declarar, «y esto no ha sido concedido». En su opinión, es «insólito» que «a medianoche en un día feriado» se haya llevado a cabo el operativo. «Se está haciendo una tormenta donde no debería haberla». Adrianzén descartó por completo una dimisión de Boluarte.
Acusada de «rebeldía»
La presidencia provisional de Boluarte ha estado marcada por las crisis recurrentes. Asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo por parte del Congreso y nunca pudo tomar las riendas del Gobierno. Aunque provenía de Perú Libre, el mismo partido de izquierdas de Castillo, no tuvo reparos en ladearse a la derecha y forjar una compleja alianza con sectores conservadores y Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Hasta su padre, el autócrata Alberto Fujimori, salió como garante de la continuidad de Boluarte hasta el año 2026.
No fueron esta vez las protestas sociales las que la colocaron contra las cuerdas, sino la revelación de su última compra, un Rolex por el que pagó 14.000 dólares. A partir de ese momento, el foco de los medios y la propia justicia apuntaron contra los vacíos de su declaración jurada. El diario Perú 21 ha
Los medios bautizan el asunto con la lujosa marca por el acopio personal de relojes caros y otros bienes
asegurado que los allanamientos se sustentan en las declaraciones que ofreció a los investigadores el dueño de la tienda autorizada de Rolex en Perú.
El fiscal general Hernán Mendoza había asegurado previamente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la mandataria «había frustrado» las investigaciones al no acudir a las citaciones previstas para el martes y el miércoles de esta semana. Mendoza consideró la solicitud para retrasar la citación como un «claro indicador de rebeldía». El pasado 18 de marzo, el Ministerio Público inició diligencias preliminares a Boluarte por este caso, después de que la mandataria no declarara dichos bienes en su registro de propiedades, según la Fiscalía.
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