La superpoblación carcelaria abre una nueva brecha entre los ‘tories’
▶ Decenas de diputados conservadores tratan de endurecer el proyecto de ley que evitaría el ingreso en prisión por penas inferiores a 12 meses
El aumento del número de presos en las cárceles de Inglaterra y Gales está provocando un enorme dolor de cabeza al primer ministro británico, Rishi Sunak. Cerca de un 60% de los centros penitenciarios están por encima de su capacidad y apenas quedan poco más de un millar de camas disponibles de un total de 88.935 plazas, según datos del Ministerio de Justicia. La situación ha obligado al Gobierno a tramitar una nueva ley en el Parlamento para evitar el ingreso en prisión de las personas condenadas a sentencias cortas, algo que ha provocado fricciones con el ala dura del Partido Conservador, que teme lanzar un mensaje poco contundente contra la delincuencia a pocos meses de las elecciones generales.
La propuesta del Gobierno pretende evitar la entrada efectiva en prisión de las personas condenadas a una pena inferior a 12 meses, con el objetivo no sólo de aliviar la presión sobre los centros penitenciarios sino también de defender los servicios a la comunidad como un método más efectivo de reinserción. Esta medida se aplicará en todos los casos, excepto cuando un delincuente «represente un riesgo significativo de daño para otra persona», tanto físico como psicológico. Los tribunales también tendrán poderes para ordenar el ingreso inmediato en prisión de los condenados que incumplan una orden judicial o que cometan otro delito estando en libertad.
La posibilidad de una rebelión interna entre los conservadores provoco retrasos en la tramitación de la ley
Rechazo del ala dura
El proyecto de ley no ha convencido por ahora a cerca de 40 diputados del ala dura del Partido Conservador, que han decidido apoyar las enmiendas presentadas por la exministra del Interior, Suella Braverman, para endurecer la norma. «El proyecto de ley pretende aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, pero en mi opinión pondrá en riesgo la seguridad pública, supondrá una carga indebida para la policía y el servicio de libertad condicional y potencialmente provocará un aumento de la delincuencia», aseguró Braverman poco después de la entrada del texto en la Cámara de los Comunes.
Entre las modificaciones propuestas por la exministra –apoyadas por otras caras visibles del partido como la exprimera ministra Liz Truss o el que fue titular de la cartera de Inmigración hasta el pasado diciembre, Robert Jenrick– está la necesidad de que los jueces cuenten con mayores garantías para asegurar que no existe un riesgo de reincidencia durante el periodo de suspensión de la pena, así como la necesidad de demostrar que el condenado no supone un «peligro» para la población. El objetivo de Braverman es mantener el discurso de «ley y orden» defendido en su etapa como ministra y añadir presión sobre Sunak, con quien mantiene un tenso enfrentamiento desde que fue destituida del cargo el pasado noviembre.
Defensa de la norma
La posibilidad de una rebelión interna ha provocado retrasos en la tramitación de la ley, que todavía no tiene una fecha asignada en el Parlamento para la votación de las enmiendas. Esta situación ha provocado un aumento de la tensión entre Sunak y el ministro de Justicia, Alex Chalk, quien ha dado máxima prioridad a la aprobación de la norma y quien ha defendido alternativas como el uso de brazaletes electrónicos para mantener la vigilancia sobre las personas condenadas. «Por supuesto que hay que castigar a los reclusos de menor riesgo, pero podemos utilizar los datos y la tecnología», aseguró el ministro hace apenas unos días a la emisora LBC. Chalk ha anunciado, además, su intención de liberar a los condenados por delitos menores hasta 60 días antes de que cumplan la totalidad de la pena.
El titular de Justicia ha destacado que sus propuestas para reducir la sobrepoblación en las cárceles supondrán un ahorro para los contribuyentes de cerca de 58.000 euros anuales por recluso y ha recordado que el proyecto de ley incluye el endurecimiento de penas para los condenados por delitos más graves, entre ellos los agresores sexuales, quienes pasan una media de tres años más en prisión en la actualidad que en 2010.
El Gobierno quiere complementar estas medidas con la ampliación de las cárceles, con el objetivo de dar respuesta al previsible aumento del número de reclusos en los próximos años. Según datos del propio Ministerio de Justicia, el total de reos en las cárceles de Inglaterra y Gales será un 20% superior al actual en 2028. «Estamos en proceso de crear 10.000 nuevas plazas penitenciarias para finales de 2025 y tenemos el compromiso a largo plazo de construir 20.000 en total», aseguró Chalk en el Parlamento a mediados de marzo con el objetivo de convencer a los diputados rebeldes. En caso contrario, el rechazo a la norma asestará previsiblemente un nuevo golpe a Sunak y pondrá su liderazgo de nuevo en entredicho.
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