El Gobierno ofrece 700 millones en créditos ICO a los agricultores
▶ Planas presenta un plan de choque de 43 medidas que incluye ventajas fiscales
Dos meses después de que empezaran las protestas de agricultores en España, y una vez que las agitadas aguas parece que se empiezan a calmar, el Ministerio de Agricultura presentó ayer un nuevo paquete de medidas para tratar de responder a sus reivindicaciones. Se trata, según explicó el ministro Luis Planas, de un «conjunto sólido» de 43 propuestas, negociadas en el transcurso de la quincena de reuniones que en este tiempo han mantenido técnicos del ministerio y de las principales organizaciones agrarias en España.
Entre las novedades planteadas por el Gobierno –y que ahora los representantes del sector tendrán que avalar–, destaca la creación de una línea de ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 700 millones de euros, de los que 500 millones serán para inversiones del sector agropecuario y 200 millones se reservarán exclusivamente a jóvenes profesionales. También prevé ventajas fiscales que pasan por prorrogar hasta el final de esta legislatura la deducción del 35% del coste del combustible de uso agrario, y la del 15% de los fertilizantes.
Y tan importante como esos dos descuentos: los agricultores acogidos al régimen de módulos del IRPF podrán a incrementar en cinco puntos, hasta el 15%, la reducción general en el rendimiento neto en la declaración correspondiente a 2023. El problema, según fuentes del Ministerio de Hacienda, es que la medida se anuncia justo caundo ha empezado la campaña de la renta, que se rige por una orden ministerial que establece que esta reducción será solo del 10%. Una tercera medida dentro de este capítulo es la que determina una revisión de los ingresos por compensación por IVA, de manera que más agricultores se puedan acoger a la tributación en el régimen de estimación objetiva por módulos.
Es un «conjunto sólido» de propuestas negociadas entre el ministerio y las organizaciones
Plan de choque
Las 43 propuestas del plan de choque se dividen en siete ámbitos, detalló Planas. Algunos de ellos son ya conocidos, como el de la flexibilización y ajuste de la política agraria común, la polémica PAC, que el martes pasado fue objeto de revisión por parte de los ministros de
Agricultura de la UE, reunidos en Bruselas. «Solo falta que el Parlamento Europeo dé luz verde para que entonces podamos aplicar en España los ajustes necesarios en el plan estratégico nacional o en los ecorregímenes», señaló el ministro. También se había hablado ya de las ayudas específicas a la ganadería extensiva, que sufre una crisis particular dentro de la crisis generalizada del sector, y de la creación de una agencia estatal sobre la cadena alimentaria.
Dentro de este plan destacan, sin embargo, dos propuestas relacionadas con las actividades comerciales y con las ayudas fiscales, de financiación y laborales. En el primer bloque figura la constitución de un grupo de trabajo permanente que haría el seguimiento de las exportaciones e importaciones agrarias, con el objetivo de llevar un control estricto sobre los productos llegados de países de fuera de la UE.
Esta es una de las cuestiones que más preocupados tiene a los agricultores y ganaderos españoles, que consideran que los productos que llegan de países extracomunitarios son una competencia desleal, porque no se cumplen los requisitos ambientales y de mano de obra que sí se reclaman en Europa.
El otro ámbito, el de las ayudas fiscales y la financiación, es el que contempla los créditos ICO, con una línea de préstamo con una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y siete millones para avales, con subvención del 15% del principal y de la totalidad del aval, para jóvenes.
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