Francia primará la agricultura sobre la protección ambiental
▶ El Gobierno de Macron impulsa una nueva ley agrícola que considera al sector primario como «un interés general superior»
El Gobierno de Emmanuel Macron pretende responder a la «crisis histórica» en la agricultura con esta medida, pero corre el riesgo de quedarse corto. El Ejecutivo galo presentó ayer la primera ley agrícola de envergadura del segundo mandato del presidente francés. Después de que su presentación se viera aplazada varias veces, este texto ha quedado marcado por la oleada de protestas de agricultores en los últimos meses en Francia, así como en la mayoría de los países europeos. «Vamos poniendo los fundamentos para aportar una respuesta a esta crisis» que «muchos de mis compañeros europeos me dicen que es histórica», aseguró el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Una de las medidas más mediáticas de esta iniciativa legislativa resulta, de hecho, una concesión para la FNSEA, el principal sindicato agropecuario en Francia y partidario de la agricultura industrial.
En concreto, en el preámbulo de la ley se afirma que el sector primario representa «un interés general superior». Tanto el Gobierno como las organizaciones sindicales entienden que esta afirmación no tendrá solo un peso simbólico, ya que influirá en los contenciosos administrativos o judiciales que enfrenten a agricultores con administraciones locales o colectivos ecologistas. Quieren igualar el peso de la agricultura con la protección del medio ambiente, considerada de «interés general» desde 1976.
Rebaja de normas
El texto rebaja varias normas medioambientales en aras de promover la producción agrícola. Disminuye las normativas sobre los setos, que favorecen la biodiversidad y protegen la erosión del suelo. También reduce los plazos para presentar recursos contra la construcción de granjas y embalses –a menudo motivo de conflictividad social en el país vecino, sobre todo con los grandes embalses–. Y, además, reduce las penas para los propietarios agrícolas que degraden el medio ambiente. Como ya hizo la Comisión Europea, el Ejecutivo macronista confía en calmar la rabia del campo rebajando las normas medioambientales. Además de este proyecto de ley, tiene previsto disminuir por decreto sus objetivos en la reducción de pesticidas.
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