El adelanto electoral deja en el limbo leyes sobre vivienda
El próximo Gobieron catalán deberá lidiar con reformas de calado que tienen que ver con la ordenación del territorio y la regulación de taxis y VTC.
El no a los presupuestos de la Generalitat ha derivado en un adelanto electoral en Catalunya. Pero, más allá de los efectos políticos, están las consecuencias legislativas, pues todas las leyes en proceso de debate y posterior aprobación o denegación en el Parlament han vuelto a la casilla de salida. El Departament de Territori ha elaborado un informe con las normativas de su negociado que han quedado congeladas. Tienen que ver con el derecho a la vivienda y también con la protección tanto de la montaña como del frente litoral.
Una de las leyes cuya tramitación se ha detenido es la de alta montaña. Es probablemente el caso más sangrante de todos, pues se trata de una normativa que ya se quiso actualizar en 2011. La ley vigente se aprobó en 1983, y la renovación parte de la idea de dotar al territorio de más autonomía y mayor poder de decisión, entre otras cosas, con la creación de la Oficina Tècnica d’Alta Muntanya, que haría las funciones de observatorio y elaboraría un plan de actuaciones estratégicas a seis años vista.
La nueva ley abarcará 144 municipios que ocupan el 27,8% de la superficie de Catalunya y que aportan el 2% de la población. El Departament de Territori tenía previsto someter la ley a exposición pública este mes, de manera que pudiera ser aprobada a finales de 2024. Pasa algo muy parecido con la ley del conservatorio del litoral, que la Generalitat ha sometido a información pública durante este trimestre con el objetivo de que pasara el corte del Parlament antes de dar el salto a 2025. Está destinada a ser una herramienta de protección y recuperación de las zonas del litoral más amenazadas por la urbanización a lo largo de 580 kilómetros de costa. Con estas dos leyes se habría dado forma al mismo tiempo a la protección de la costa y de la montaña.
Otra reforma legal cuya tramitación queda detenida es la ley de territorio, un proyecto que se arrastra desde 2017, cuando su anteproyecto se sometió a exposición pública. La reforma debía llegar al Parlament después de verano, pero ya no podrá ser. Será el próximo ejecutivo catalán el que deberá decidir qué hacer con esta normativa destinada a sentar las bases de las futuras actuaciones de ordenación del territorio, con la mirada puesta, sobre todo, en las zonas más ruralizadas. Uno de los objetivos de la ley, de hecho, es dejar de plantear el urbanismo desde el punto de vista metropolitano, de manera que cualquier actuación tenga una visión estratégica de país.
Promotores sociales
Por último, el bloqueo presupuestario ha frenado dos modificaciones legislativas que tienen que ver con la vivienda. La primera es la reforma del decreto ley 1/2015 para poder ampliar el derecho de tanteo en las zonas de mercado residencial tensionado. La segunda es la modificación del artículo 51 de la ley por el derecho de la vivienda de manera que se pueda ampliar el marco legal para favorecer la aparición de promotores sociales.
En lo que sí sigue trabajando Territori es en la ley de transporte en vehículos de hasta nueve plazas. La actual normativa se aprobó en 2003, cuando no existían plataformas como Uber o Cabify y las VTC se limitaban al público exclusivo. La idea del Govern es poner orden en la batalla que desde hace casi 10 años mantienen los taxistas y las licencias de alquiler de vehículos con conductor. La idea es que la nueva ley siente las bases sobre lo que pueden y no pueden hacer cada uno de los protagonistas. ■