Cinco asesinatos evidencian los fallos del sistema de protección
El Gobierno catalán pide formar a toda la judicatura, también jueces civiles que actúan en los divorcios, sobre la violencia de género sobre los niños.
El pequeño Ayax, con tan solo 5 años y asesinado por su padre en Bellcaire d’Empordà se ha convertido en el quinto caso de violencia vicaria, aquella que se ejerce para infringir el máximo daño a una madre pero sin llegar a matarla, en lo que va de 2024 en España. Matando a su hijo (o a sus hijos), se la condena a vivir muerta en vida. Tres de los cinco casos se han producido en Catalunya.
Desde 2013 han fallecido 55 menores debido a la violencia de género vicaria, pero la situación actual supera los registros anteriores porque ha habido cinco asesinatos de niños en un corto periodo de tiempo, apenas cuatro meses. Se trata del peor arranque de año desde que hay estadísticas. En otros cinco ejercicios hubo más fallecidos (por ejemplo, en 2017 hubo ocho víctimas menores), pero fue a lo largo de todo el año, no solo en el primer cuatrimestre.
Antes que Ayax, el pasado 18 de marzo, fallecieron Elisa y Larisa (2 y 4 años) en Almería, después de que su padre aprovechara el régimen de visitas para envenenarlas. Y en enero, Xavier y Noa (de 10 y 7 años) fueron asesinados por su padre en Barcelona, que después se suicidó.
La concatenación de asesinatos tan graves y en un corto periodo de tiempo ha hecho saltar las alarmas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, indicó ayer que la situación les «preocupa» y les «ocupa».
Por ello, se está trabajando con otros ministerios, Interior y Justicia, para «hacer un mejor diagnóstico» de qué está sucediendo y ver «cómo reforzar las medidas de protección». Redondo admitió que frenar la violencia machista es «muy complicado» debido a que el machismo es «estructural» y hay que trabajar en multitud de ámbitos.
Los pasos insuficientes
De entrada, los recientes asesinatos evidencian que los pasos que se han dado hasta ahora, como reconocer a los menores como víctimas de la violencia de género; que en el sistema Viogen de protección a las denunciantes se incluyan preguntas para valorar el riesgo en el que se encuentran los niños o la reforma legal que obliga a los jueces a suspender el régimen de visitas cuando el padre haya sido denunciado por violencia de género, son insuficientes.
De hecho, Catalunya, que es pionera en el reconocimiento legal de la violencia vicaria, ha solicitado al Gobierno central que extienda la formación en perspectiva de género a toda la judicatura, también en el ámbito civil, que es donde acuden muchas víctimas en busca de un divorcio pero sin revelar o denunciar el maltrato que sufren ellas o sus hijos.
Además, la reforma legal sobre el régimen de visitas dejó un resquicio: la posibilidad de que los jueces mantengan la comunicación con el padre bajo el «interés superior del menor», por lo que en ocasiones se perpetúa la situación de peligro. «Los juzgados están acostumbrados a distinguir la violencia sobre la mujer de la que sufren sus hijos, y si no hay pruebas de la segunda, su visión biologicista tiende a hacerles pensar que lo mejor es que mantengan la relación con el padre. Pero un maltratador nunca es un buen padre», reflexiona Marisa Fernández, jurista del colectivo Novembre Feminista.
En su opinión, hay que cerrar esta grieta porque según un estudio realizado por la Asociación de Mujeres Psicología Feminista bajo el título Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres, el 44% de los asesinatos de violencia vicaria se producen durante el régimen de visitas.
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