Catalunya abre la vía para llevar a los tribunales el índice estatal del alquiler
▶ Territori envía al ministerio un requerimiento para que aplique el sistema mixto de precios de referencia que, sostiene, acordaron ambas instituciones
La Generalitat ha enviado al Ministerio de Vivienda un requerimiento para que modifique el índice de precios de alquiler, porque considera que el sistema actual no tiene en cuenta los modelos que ya existían previamente en algunas comunidades como Catalunya, y le reclama que aplique el sistema mixto que habían acordado ambas instituciones. El requerimiento es una petición formal que se realiza a una Administración para que esta rectifique una decisión, antes de interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
La Generalitat intenta así forzar al Gobierno a aprobar un sistema diferente al que está vigente ahora y que recoja sus peticiones. Lo que pide Territori, en una carta dirigida al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Francisco David Lucas, es que «subsane la resolución mediante la cual aprobó el sistema estatal de índices de precios de referencia el pasado mes de marzo». Este indicador debe ser el instrumento que determine el alquiler máximo que los propietarios podrán pedir a sus inquilinos y, por tanto, la herramienta básica para contener las subidas de precios.
Territori critica que aunque la resolución que el Gobierno publicó en el BOE el 15 de marzo determina que el sistema estatal de índices debe realizarse por ámbitos territoriales, no se incluye ninguna aplicación territorial ni se tienen en cuenta los índices de referencia que ya pudieran existir en alguna comunidad autónoma ni ningún mecanismo de colaboración entre los distintos índices.
«Esta ausencia comporta una vulneración de toda la normativa estatal vigente», concluye la carta firmada por Joan Jaume, secretario general de Territori, que recuerda, asimismo, que tanto la ley por el derecho a la vivienda como la de arrendamientos urbanos (LAU) prevén la coexistencia de índices estatales y autonómicos e instan a la cooperación entre el ministerio y las comunidades para la coordinación entre los diferentes sistemas y metodologías desarrollados por unos y otros.
El requerimiento previo pide modificar la resolución para que mencione el índice de referencia autonómico y prevea los mecanismos de colaboración entre los diversos sistemas, algo que ya había quedado acordado en los trabajos técnicos entre Territori y el ministerio. Así, el modelo pactado –y que no ha quedado recogido en la resolución publicada en el BOE– establecía que cuando el índice catalán se sitúe dentro del rango establecido por el estatal (entre el inferior y el superior), el límite del precio del alquiler será siempre el que determine el ín
«Esta ausencia comporta una vulneración de toda la normativa estatal vigente», concluye la carta de Territori
El Ministerio de Vivienda alega que se invaden competencias exclusivas del Estado
dice autonómico. En cambio, cuando el índice catalán se sitúe fuera del rango fijado por el estatal, se aplicará el rango superior o inferior estatal en función del valor que esté más cercano al índice autonómico.
La principal objeción del Ministerio de Vivienda es que «los sistemas autonómicos no pueden servir para regular aspectos básicos de competencias exclusivas del Estado», como son, a su entender, los precios de los alquileres. «Además –agrega el departamento que dirige Isabel Rodríguez- «de esta manera, se da seguridad jurídica al sistema y se evitan recursos por competencia que podrían impedir su aplicación siendo con ello perjudicados muchos ciudadanos que continuarían sufriendo precios abusivos en sus alquileres».
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