«El PP abraza la involución democrática de Vox y deroga lo que antes aprobó»
— El informe que llevó al Consejo de Ministros sostiene que la ley de concordia aprobada por las Cortes de Aragón vulnera la Constitución y el Derecho Internacional.
— Es una ley de derogación de la ley de memoria democrática de 2018 aprobada por Javier Lambán. Elimina muchos artículos relacionados con el Derecho Internacional: una disposición adicional que obliga a homenajear a aragoneses que perdieron la vida en los campos de exterminio nazi. Eso va mucho más allá de la guerra de España. Es un derecho internacional, una vulneración de los derechos humanos. También elimina el mapa de fosas comunes, una obligación de derechos humanos en cualquier parte del mundo, e incluso los lugares de memoria dentro y fuera de Europa.
— ¿Sin haber analizado las leyes de Castilla y León y Comunidad Valenciana, aún no aprobadas, por qué son inconstitucionales?
— Llevan consigo una anulación de una ley anterior de ámbito estatal, que en su primer punto condena la dictadura. No me vale que el presidente de Castilla y León o el de la Comunidad Valenciana digan que hubo dictadura. ¿Si es así, por qué lo retiran del texto?
— El Gobierno de Aragón aduce que su norma es «jurídicamente intachable». ¿Qué pasos van a dar?
— Estamos culminando el expediente, activaremos el artículo 33.2 [el mecanismo de la ley del Tribunal Constitucional para abrir un proceso de negociación] porque hay discrepancias, muchas jurídicas, entre una administración y otra, e intentamos llegar a un acuerdo. Si están tan seguros, no tendrán problema en sentarse con nosotros.
— ¿Si no se sientan, acudirán directamente al Constitucional?
— Lo lógico es que se sienten para que, en los seis meses que marca la ley, intentemos ponernos de acuerdo. Si no, iríamos al Constitucional y a estamentos internacionales. Si la respuesta es no, automáticamente se activaría la vía del Constitucional con un informe previo del Consejo de Estado. Un órgano con pluralidad política y jurídica deberá manifestarse al respecto; su informe será muy importante.
— ¿El Gobierno cubrirá aspectos de la ley que se deroguen durante ese tiempo?
— Si cualquier autonomía elimina, por ejemplo, el mapa de fosas o el que las administraciones colaboremos para la recuperación de las víctimas, deberíamos activarlo de oficio en la ley de memoria democrática. Ya se adelantó en 2007 con la ley de memoria histórica y se consolidó con la ley de memoria democrática de 2022. Hasta 2007 no había ayudas públicas para exhumaciones en fosas de víctimas de la guerra y de la dictadura. Eso también lo deroga el Gobierno de Aragón.
— ¿Se haría a través de un decreto?
— Es una modificación legislativa, se haría a través del cauce que nos digan los servicios jurídicos. Activaremos los mecanismos de oficio. Desarrollaremos la ley de memoria democrática si hay comunidades que quieren poner palos en las ruedas, donde gobiernan PP y Vox.
— La derogación de las leyes de memoria también se recoge en los programas de coalición de los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana o Baleares.
— Es una sumisión del PP a Vox. La prueba es que muchos artículos de la ley de Aragón fueron enmiendas del PP. Ahora, obligado por Vox y abrazando sus principios, que quieren una involución democrática, acepta derogar aquello que antes aprobó. Un paso atrás que debería hacer reflexionar al PP sobre los pagos que debe hacer a la ultraderecha para, por ejemplo, no condenar lo que pasó en los campos de exterminio o por qué de manera expresa no dicen que la dictadura debe ser condenada.
— ¿El marcaje a las comunidades de PP y Vox tiene que ver con un intento de desviar el foco de asuntos como el caso Koldo o de condicionar el debate electoral a tres meses de las elecciones europeas? Feijóo habla de «cortina de humo».
— No fuimos nosotros, sino el Gobierno de Aragón, quien aprobó en febrero la derogación de la ley de Lambán. Y tampoco fuimos nosotros, sino el PP y Vox en Castilla y León o en la Comunidad Valenciana, quienes registraron una proposición de ley en Semana Santa para igualar la dicta
«Muchos artículos de la ley de Aragón fueron enmiendas del propio Partido Popular» «Al PP, este paso atrás debería hacerle reflexionar sobre los pagos que hace a la ultraderecha»