El juez, la fiscal y Mónica Oltra
El juez Vicente Ríos coloca en 96 folios las piezas del puzle que la acción particular y popular consiguió enmarañar para lograr la caída de la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, primer asalto al poder para acabar con el Pacto del Botánico entre Compromís y el Partido Socialista, con el apoyo de Podemos.
«La Justicia para mí se da en aquel orden social bajo cuya protección puede progresar la búsqueda de la verdad». Hans Kelsen. ¿Qué es la Justicia?
El juez Vicente Ríos, titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, ha hecho un esfuerzo loable en un auto de 96 páginas, no muy frecuente, ya que no se trata de una sentencia, para armar el puzle del caso de Mónica Oltra y otros 15 funcionarios de la Comunidad Valenciana, y dictar el pasado 1 de abril el sobreseimiento provisional –como debe hacerse ya que siempre pueden surgir hechos nuevos– de la causa.
Ríos ha querido encontrar la verdad. ¿Qué verdad? Si era cierto que la entonces vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y responsable de la consejería de Igualdad y sus 15 colaboradores tejieron una red de maniobras institucionales para proteger a su exmarido, el educador Luis Ramírez Ricardi, perseguido entonces por presunto delito de abuso sexual de una menor, Maite Tanco, en un centro de menores privado pero dependiente de la Generalitat.
Las campanas doblaron por Mónica Oltra el 9 de junio de 2022, cuando la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Teresa Gisbert (València, 1957), elevó su informe en el que apreciaba una serie de delitos presuntamente cometidos por la vicepresidenta y su departamento tras el conocimiento de los hechos.
La fiscal, asociada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –que ha ascendido a fiscal de Sala de Menores en el Tribunal de Supremo en marzo de 2024– apoyó pues la propia exposición razonada del juez Ríos, quien necesitaba citar a Oltra como investigada a fin de tener una idea sobre el presunto encubrimiento. Y dado que se trataba de la vicepresidenta, es decir, de un cargo aforado, procesalmente debía intervenir el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.
Gisbert conjeturó en su informe con que a lo largo de la exposición razonada del juez «se siguió en la Consejería de Igualdad, una idea directriz de ocultar los hechos y, cuando salieron a la luz, la finalidad de desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad».
La fiscal Gisbert precisaba: «Idea directriz que supuso, indiciariamente, una orden verbal de la Honorable Sra. Oltra, superior jerárquica de todos los funcionarios investigados y dirigida a los mismos en el sentido de que actuasen incoando una información paralela a la judicial con objeto de desvirtuar la credibilidad de la menor. No de otra manera se explica el comportamiento de los mismos, ocultando y desacreditando. Supone un plan preestablecido. Es evidente que esta orden no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad, sino verbal. Y fuerte indicio de que dicha orden fue emitida por la aforada es que todos los que intervinieron en los hechos mantuvieron la misma versión exculpatoria de la Consejería de Igualdad».
En su auto del 1 de abril, el juez Ríos hace un relato de su peripecia de investigación durante casi tres años y considera que las conjeturas no tenían base: no existe ninguna prueba sobre esa presunta orden con la que especulaba la fiscal Gisbert, ni sobre la sospechosa conducta que mantuvieron los funcionarios imputados durante las diligencias orientadas a descubrir la operación de cover up. Cero patatero.
El juez trabaja sobre la exposición de las conjeturas que la acusación particular de la entonces menor que sufrió los abusos sexuales (ya es sentencia firme que los abusos existieron y su responsable, el exmarido de Oltra, cumple pena de prisión) y las desmonta una por una. Muchas de esas lucubraciones fueron hábilmente presentadas en la causa por la acusación popular de la activista de extrema derecha Cristina Seguí y la acusación particular de la menor. La batalla fue encarnizada. Vox apostó estratégicamente por acabar con Oltra como un primer paso para recuperar para la derecha y la extrema derecha (PP y Vox) el gobierno de la Generalitat valenciana desde junio de 2022, al cobrarse la cabeza de Oltra, el símbolo de la larga lucha para desalojar al PP de su gran feudo.
Oltra, bajo presión de propios y ajenos, en su propia coalición política y por el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, secretario general del Partido Socialista valenciano, tuvo que a dimitir, a pesar de rechazar todas las conjeturas como falsas.
Actividad espuria
El juez Ríos se ha resistido a ser instrumento del law fare. Esa actividad espuria corrió a cargo de la acusación popular y la particular. Los profesionales de la acción popular
han copado la escena. En la medida en que España se ha convertido en un Estado Judicial virtual, donde se desarrolla el ajuste entre los partidos políticos, la acción popular ha conocido una perversión.
El anillo criminal del lawfare
contra Monica Oltra no está colocado en el puzle: se trata de los intereses espúreos de naturaleza empresarial y de alta judicatura que han intervenido, intereses afectados por la política sanitaria de la vicepresidenta de la Generalitat valenciana.
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