Cuelgamuros, epicentro de la batalla por la memoria
La confrontación del Gobierno y las autonomías gobernadas por PP y Vox por la derogación de las leyes de memoria histórica han reactivado la pelea entre la ultraderecha y las familias de fusilados republicanos que yacen en el recinto.
No se ha hecho esperar la respuesta de Vox a la visita al Valle de los Caídos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo el día 4. Este domingo, el número dos de la formación, Jorge Buxadé, difundió imágenes de una subida suya al monumento en compañía de Manuel Mariscal, cofundador del partido. Y esto, un día antes de que familias de fusilados republicanos que yacen en el recinto hayan tramitado su petición de poder visitar el lugar de las exhumaciones que se están realizando para devolverles los restos.
Cuelgamuros es epicentro de la batalla política en torno a la memoria histórica entre el Gobierno y las autonomías gobernadas por alianzas PP-Vox. Esa liza vuelve a activarse esta semana. Es una confrontación desatada desde la derogación de la ley de Memoria de Aragón y la proposición en cámaras autonómicas de leyes «de Concordia» para Castilla y León y la Comunidad Valenciana, que a su vez supondrían la derogación de otras normas locales.
Dejándose ver en redes sociales con la Cruz de los Caídos de fondo, Buxadé relató que este domingo visitó «de nuevo» el Valle de los Caídos. De hecho, el eurodiputado emitió un mensaje en X contestando al que la pasada semana emitió Sánchez tras visitar el laboratorio forense de reconocimiento de restos humanos instalado en la basílica del Valle.
Si Sánchez lo había encabezado con la frase «sin memoria no hay democracia», Buxadé arrancó el suyo diciendo: «Sin verdad y libertad no hay democracia».
El motivo de la visita del dirigente de Vox es colaborar con la realización de un documental por una de las entidades de la órbita del partido dedicadas a la que llaman «guerra cultural», como las campañas revisionistas emprendidas por el neoconservadurismo y la Alt Right en EEUU, Italia, Hungría, Polonia y otros países occidentales.
Las familias
Buxadé aprovechó para quejarse del estado «criminal» de conservación del monumento erigido por el franquismo en 1959, con cautivos republicanos entre los obreros y una posterior requisa de cuerpos de combatientes y de civiles asesinados en toda España.
Ayer se abrió también otro capítulo de este pulso por la memoria. Los familiares que reclaman rescatar restos de fusilados inhumados en las criptas de la basílica de la Santa Cruz han comenzado a entregar sus solicitudes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, exigiendo poder hacer la misma visita que hizo el presidente la pasada semana.
Una veintena de ellos tramitan sus peticiones a través del abogado Eduardo Ranz. Los familiares llevaban esperando poder subir a Cuelgamuros para ver el lugar donde fueron depositados los restos de sus antecesores desde junio pasado, fecha en la que la Secretaría de Estado comunicó por correo electrónico a los interesados que iniciaba las exhumaciones.
El 13 de junio formalizaron una solicitud ante el entonces ministro de Memoria, Félix Bolaños, de «acceso al lugar de la intervención» y «estar presentes el día de la extracción». Para ello argumentaban como parte de su derecho el precedente de las exhumaciones de Franco y José Antonio Primo de Rivera, que se llevaron a cabo con sus familias presentes.
Para organizar la visita, la secretaría de Estado de Memoria pidió un listado de las personas que quieren subir a ver los trabajos del equipo de forenses que dirige el experto en exhumaciones y arqueología de guerra Francisco Etxeberria, y que tienen sus instalaciones en la Capilla del Santo Sepulcro de un templo que guarda los restos de 34.000 personas.
Los familiares aún no tienen fecha. El Gobierno quiere organizarlos en pequeños grupos «por motivos de seguridad y debido al protocolo de riesgos laborales vigente en el lugar».
La semana promete ser activa en materia de memoria histórica no solo por el cruce de gestos en Cuelgamuros. También hay actividad en Valencia, comunidad en la que miles de fusilados en la Guerra Civil y la posguerra llenan fosas comunes de los cementerios.
Esta semana se presenta la Comisión Cívica por la Memoria, Dignidad y los Valores Constitucionales, organizada en defensa de la ley memorialista vigente en la Comunidad Valenciana, pero que se encuentra amenazada por una proposición de Vox para instaurar una Ley de Concordia que sustituya con cinco artículos los 65 de la actual.
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