Economía acota la capacidad del Defensor del Cliente Financiero

▶ El ministerio delimita los casos en los que la institución podrá pronunciarse sobre las cláusulas abusivas en los contratos

El nuevo proyecto de ley para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero comenzó su tramitación parlamentaria la semana pasada y, si bien el texto es muy similar al que decayó el pasado mayo por la convocatoria de las elecciones generales, incluye algunas novedades. El Ministerio de Economía, así, ha acotado la capacidad de la nueva institución para dictaminar sobre cláusulas abusivas en los contratos, un aspecto que había provocado los recelos de la banca. Asimismo, el organismo no podrá finalmente obligar a las entidades a resarcir con entre 100 y 2.000 euros a los clientes que presenten reclamaciones sin contenido económico (como, por ejemplo, por la denegación de las ventajas del Código de Buenas Prácticas para las hipotecas).

Desde su primer diseño en 2022, el Gobierno tiene previsto que la nueva autoridad pueda pronunciarse sobre reclamaciones que tengan que ver con cláusulas abusivas, siempre que la abusividad de dichas cláusulas hubiera sido declarada previamente por el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por una sentencia firme inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.

Instancias judiciales

Es decir, la institución no podrá declarar por sí misma una cláusula como abusiva, pero sí determinar que un contrato incluye una cláusula declarada abusiva en esas tres instancias judiciales. Se trata de un tema relevante, como demuestra en los últimos años las sentencias sobre las cláusulas suelo y los gastos de formalización de las hipotecas.

Desde el primer momento, la banca estaba preocupada por cómo el Ejecutivo había redactado el proyecto de ley. Así, el Ministerio de Economía estipuló que la autoridad podrá pronunciarse cuando una cláusula «u otra de idéntica significación» sea declarada nula por abusiva por el Tribunal Supremo. Ese concepto de «idéntica significación» dejaba un margen de ambigüedad, a juicio del sector, que podría provocar que tribunales inferiores al Supremo comenzasen a declarar como abusivas cláusulas que el alto tribunal no hubiera considerado como tales.

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