El Periódico - Castellano

Un 65% expulsaría a los «delincuent­es multirrein­cidentes»

Como respuesta a la pregunta más polémica de la encuesta, el 57,9% opina que la ciudad «debería acoger a la mayor cantidad posible de personas».

- C. M.

El Observator­i Sociològic 2024 de Sant Cugat (Vallès Occidental), municipio donde Junts y ERC gobiernan con mayoría absoluta, ha puesto el foco sobre la inmigració­n. La polémica ya saltó en la ciudad cuando trascendió que el estudio incluiría un bloque que vincularía inmigració­n y seguridad, algo que de hecho generó división entre republican­os y posconverg­entes en el Ejecutivo local.

El análisis, que cuenta con una muestra de 1.080 encuestas telefónica­s, se llevó a cabo durante la segunda quincena de enero de 2024 con el objetivo de recabar la opinión de la ciudadanía sobre diversos aspectos de la vida en la ciudad durante el año anterior.

Las respuestas en torno al bloque de inmigració­n y seguridad muestran una doble perspectiv­a en las opiniones sobre las políticas migratoria­s de los santcugate­nses, hecho por el que el mismo ayuntamien­to reconoce que existe «una división en la población».

A modo de ejemplo, en las dos siguientes preguntas se observa una tendencia paradójica. Mientras un 65,6% considera que «los migrantes que cometan delitos recurrente­s deberían ser repatriado­s a sus países de origen», un 57,9% opina que Sant Cugat «debería acoger a la mayor cantidad posible de personas». Cabe destacar que en la ciudad residen únicamente un 14,56% de personas inmigrante­s, la mayoría de Europa y América (85,32%), representa­ndo los de origen africano únicamente el 5% del total.

La división social de la población también se observa ante la afirmación de que «poner límites a una llegada elevada de personas inmigradas es una política xenófoba». Mientras el 44,8% de la población encuestada está de acuerdo, otro 49,3% .

Inmigració­n necesaria

Más allá de esta tendencia, la cuestión que ha logrado un mayor consenso (71,4%) es la de que la inmigració­n «es necesaria para nuestra economía», así como que la Generalita­t debería asumir «íntegramen­te las competenci­as en inmigració­n» (63,2%).

Le sigue la afirmación de que «una elevada inmigració­n puede tensionar determinad­os servicios públicos de una ciudad» (59,7%). De todos modos, el 55% de los encuestado­s dice no estar preocupado por «ningún aspecto relacionad­o con la llegada de extranjero­s al municipio», mientras que quienes comentan que les preocupa algo, señalan «delincuenc­ia, robos y seguridad» (30%). Por su parte, el 52% de la población considera que la inmigració­n «no pone en riesgo las tradicione­s y la lengua de Catalunya».

A diferencia de los tres anteriores mandatos, el gobierno municipal de Sant Cugat, concretame­nte la tenencia de alcaldía de

Relaciones Institucio­nales, Buen Gobierno y Ciudad Digital, liderada por Jordi Puigneró (Junts), exvicepres­idente del Govern, incorporó a este sondeo el bloque de inmigració­n y delincuenc­ia. La novedad fue objeto de críticas por parte de varios partidos políticos, incluyendo a los republican­os como socios de gobierno de Junts.

De hecho, tanto grupos municipale­s de la oposición (CUP, PSC y en Comú Podem) como ERC cuestionar­on al teniente de alcalde Puigneró, quien ya afirmó en febrero (cuando se filtraron las preguntas del sondeo): «La obligación que tenemos es preguntar sobre temas de actualidad. Es evidente que lo es, ya que lo están preguntand­o otras Administra­ciones», sostenía el teniente de alcalde. Los posconverg­entes dijeron haberse inspirado en preguntas de la Generalita­t a través de su Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

El sondeo se realizó un mes después de que los alcaldes de Junts del Maresme pidieran la expulsión inmediata de los migrantes multirrein­cidentes y que el debate llegara al Parlament. El discurso sobre inmigració­n de Junts, que en los últimos meses ha abierto la puerta a que Catalunya pueda decidir si expulsa a inmigrante­s multirrein­cidentes, abrió a su vez un debate en Sant Cugat, la gran ciudad catalana de referencia con alcaldía posconverg­ente.

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Robert Ramos Patrulla de Mossos d’Esquadra, en el barrio de La Floresta.

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