BCN ultima la anulación de 140.000 multas por la sentencia contra la ZBE

El ayuntamiento deja sin efecto el 42% de las sanciones impuestas entre 2020 y 2023 a raíz del fallo del Supremo, que le obliga a renunciar a 20,1 millones.

Barcelona digiere los efectos de la sentencia contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al mismo tiempo que Catalunya se prepara para expandirlas a partir de 2026, con restricciones hasta ahora inéditas a los vehículos con etiqueta amarilla. El Tribunal Supremo ratificó en noviembre el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que deroga la primera ordenanza que reguló en 2020 el veto a los modelos sin pegatina 0 Emisiones, Eco, C o B en la capital. La norma ya fue sustituida por otra en febrero de 2023, por lo que el fallo no disipa las limitaciones a la circulación. No obstante, sí tiene repercusiones económicas. A causa del varapalo judicial, el ayuntamiento ultima una resolución por la que anulará unas 140.000 multas que nunca ha llegado a percibir.

El gobierno municipal concluye que la sentencia le obliga a renunciar al cobro del 42% de las sanciones cursadas durante los primeros tres años de ZBE. El ejecutivo concreta que dejará de ingresar 20,1 millones de euros al revertirse los castigos tramitados bajo la ordenanza abolida. La suma se circunscribe a multas que no se abonaron, ya fuera porque no se declararon firmes al ser impugnadas o, simplemente, porque nunca se costearon ni se forzó el desembolso mediante un embargo efectivo antes de que el Supremo resolviera el pleito.

A raíz del fallo, el ayuntamiento reconoció que 143.394 multas pendientes de pago o recurridas eran susceptibles de ser canceladas. Calculaba que, como mucho, dejaría de obtener 20,2 millones de euros a resultas del revés judicial. Las estima

ciones se han acabado cumpliendo casi al dedillo. A partir de los próximos días, apenas quedarán denuncias levantadas hace más de un año que el consistorio siga reclamando que se salden.

Castigos recurridos

El gobierno local explica que ha efectuado los trámites para revocar las amonestaciones de enero de 2020 a febrero de 2023 que siguen en deuda. Solo falta que los diarios oficiales difundan el decreto que las deja sin efecto. «Se anularán en el momento en que se produzca esta publicación», indica. Aparte, ha devuelto dinero embargado por castigos recurridos. En cambio, el ejecutivo municipal no revierte las demás sanciones basadas en la normativa fulminada y que sí se sufragaron.

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