Sancho confía en la legítima defensa para eludir la pena de muerte

Hoy empieza a resolverse el crimen más mediático de los últimos años. El español Daniel Sancho, de 29 años, se sienta en el banquillo por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de 44 años. Durante cuatro semanas pasarán una cincuentena de testigos por la corte de Koh Samui, una isla del golfo de Tailandia, para alumbrar lo que ocurrió el pasado verano. El acusado declarará el 25 de abril. En Koh Panghan, a apenas media hora en ferri, Sancho y Arrieta pretendían acudir a la fiesta de la Luna llena, pero nunca la pisaron. Sancho recibió a Arrieta en el embarcadero y lo condujo al hotel. El cirujano estaba muerto antes del anochecer. Un trabajador encontró varios de los 14 pedazos de su cuerpo en un vertedero y Sancho fue detenido. Ha pasado los últimos ocho meses en prisión preventiva en Koh Samui, un paraíso en contraste con las prisiones de Bangkok a las que será destinado si es condenado.

Su defensa sostiene que no hubo premeditación sino un desgraciado arrebato. Que Arrieta intentó violar a Sancho, este le empujó y el colombiano se desnucó contra la bañera. A sus abogados les espera la titánica misión de invalidar las confesiones de Sancho y convencer al tribunal de que compró el arsenal de cuchillos, sierras, guantes, bolsas de basuras y demás material de limpieza con fines culinarios. La casuística aconsejaba una confesión que rebajara la pena pero la marcha atrás de Sancho empuja a un todo o nada. Está acusado de asesinato premeditado, ocultación de cuerpo y destrucción de documentación ajena, unos delitos por los que la Fiscalía pide la pena de muerte. Su defensa asume el descuartizamiento y, en el peor de los casos, un homicidio imprudente, castigado con apenas ocho años.

Por su parte, los abogados en España de la familia del colombiano afirmaron ayer desde Tailandia que «los hechos hablan por sí solos».

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