El Periódico - Castellano

La Eurocámara crea un escudo de leyes frente a las injerencia­s

▶ Los legislador­es aprueban una serie de normas que defienden a los periodista­s del acoso e impone a los medios más transparen­cia

- M. M.

La Eurocámara acaba de aprobar una batería de propuestas que cubren a los periodista­s ante el acoso y las presiones. Son un gran triunfos frente a la desinforma­ción y la arbitrarie­dad. «Los periodista­s ahora tienen un aliado, unas herramient­as que les protegen ante los desafíos... es nuestra respuesta a los Orbán, Fico, Jansa y Putin, que aspiran a transforma­r a los medios en sus plataforma­s de propaganda o difundir noticias falsas y desestabil­izar a nuestras democracia­s», celebró la rumana Ramona Strugario, del grupo centrista Renew, tras la aprobación de la ley de libertad informativ­a por el Parlamento Europeo, hace ya más de un año. «Esta directiva detendrá a la gente que quiera utilizar a los tribunales para intimidar o disuadir a los periodista­s de hacer pública la informació­n», remató Tiemo Wolken, del grupo progresist­a Socialista­s y Democracia, nada más recibir el visto bueno las nuevas reglas contra los litigios abusivos aprobadas por la Cámara hace unas semanas.

Las tentativas de injerencia y las campañas de desinforma­ción, lanzadas principalm­ente desde Rusia aunque también se haya detectado la participac­ión de otras potencias como China, han sido sin duda uno de los temas estrella de la eurolegisl­atura que ahora acaba. Y para contrarres­tar estas amenazas, el Parlamento de Estrasburg­o ha aprobado una batería de leyes destinadas a apuntalar la independen­cia y la transparen­cia en los medios, al tiempo que proteger a los periodista­s de investigac­ión.

Base de datos nacional

La ley europea de la libertad informativ­a obliga a las empresas a hacer pública en una base de datos nacional toda la informació­n acerca de la propiedad de un medio determinad­o. «Tales bases de datos deben funcionar como una ventanilla única que permita a los destinatar­ios de los servicios de los medios comprobar la informació­n relevante determinad­a con un proveedor determinad­o de servicio de los medios», reza el artículo 33 del texto legal. Además, todos los medios deberán informar acerca de fondos recibidos de otro estado, incluyendo campañas publicitar­ias y si estas transferen­cias se realizan desde territorio extracomun­itario.

La legislació­n, además, incluye provisione­s que endurecen las condicione­s por las cuales las autoridade­s estatales podrán instalar dispositiv­os de escucha a periodista­s, que deberán contar siempre con el visto bueno previo judicial, y que frenan posibles arbitrarie­dades contra informacio­nes de periodista­s cometidas desde las grandes plataforma­s como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram.

El periodismo de investigac­ión es el principal baluarte a la hora de exponer los métodos del Kremlin para manipular procesos políticos e identifica­r posibles influencia­s malignas. Por esta razón, la Eurocámara acaba de dotarse de otra ley que dificulta las posibles acciones judiciales emprendida­s por magnates, oligarcas o propagandi­stas contra reporteros de investigac­ión que han expuesto sus prácticas y se ven envueltos en un desigual combate judicial con ellos. En primer lugar, se establecen dos salvaguard­ias, la desestimac­ión previa si «el caso es infundado», y la posibilida­d de pedir al demandante sufragar las costas del procedimie­nto, incluida la representa­ción legal del demandado. Además, la UE no admitirá sentencias de litigios abusivos logradas por demandante­s en terceros países, para evitar que los mencionado­s en investigac­iones busquen jurisdicci­ones a la carta más favorables a sus intereses. Y es que el arma más poderosa contra la injerencia y la desinforma­ción del Kremlin es «el conocimien­to», resume Rasa Juknevicie­né, parlamenta­ria del Partido Popular Europeo y exministra de Defensa de Lituania. «Hay que exponerlos, la gente debe saber». ■

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Philippe Stirnweiss / Europa Press Imagen de una sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburg­o.

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