Dudas del pacto migratorio
La insolidaridad mostrada por los países del Este durante más de una década ha abierto una fractura interna en la UE
Polonia y Hungría se han pronunciado en contra del mecanismo de recolocación de refugiados incluido en el acuerdo migratorio que ha aprobado el Parlamento Europeo esta semana. Esta y otras cuestiones plantean incertidumbres sobre la efectividad del pacto.
El paquete legislativo del pacto sobre inmigración y asilo que acaba de aprobar el Parlamento Europeo plantea dudas sobre su efectividad debido al irrealismo de sus premisas y al rechazo de algunos estados de la Unión Europea (UE) a la solidaridad intraeuropea para aliviar la carga de los países del sur, que concentran la llegada de inmigrantes y demandantes de asilo. La primera incertidumbre es que la legislación no entrará en vigor hasta dentro de dos años, en 2026, y el ajustado voto parlamentario cuestiona si se dispondrá en el futuro de mayorías para aprobar las regulaciones complementarias.
Una de las novedades del pacto migratorio es la introducción de una solidaridad a carta, que permite a los estados esquivar la reubicación del exceso de demandantes de asilo llegados a los países del sur de la UE mediante al pago de 20.000 euros por refugiado rechazado. La insolidaridad mostrada por los países del Este durante más de una década ha abierto una fractura interna en la UE. Por ello, resulta preocupante el rechazo de la nueva fórmula de solidaridad inmediatamente después de su aprobación.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, europeísta y destacado dirigente del Partido Popular Europeo (PPE), se apresuró a declarar tras el voto en el Parlamento Europeo que el mecanismo de recolocación o de pago por no aceptar refugiados «no se aplicará en Polonia». «Vamos a proteger a Polonia», subrayó Tusk, asumiendo la posición del anterior gobierno ultraderechista del partido Ley y Justicia (PiS). «No vamos a cambiar de opinión aunque me hayan llamado desde la mitad de las capitales», insistió Tusk. Hungría, bajo el autocrático primer ministro Viktor Orbán, también ha indicado que rechaza el mecanismo de solidaridad aprobado. El ejemplo de Polonia y Hungría podría contagiarse a otros países cada vez más hostiles hacia los inmigrantes, como Dinamarca, Austria, Finlandia, República Checa, Eslovaquia y los países bálticos.
Otro problema clave del paquete legislativo es el irrealismo de sus premisas básicas: la capacidad de los estados para procesar y resolver con rapidez las demandas de asilo, para mantener bajo control a los demandantes de asilo mientras duran los trámites y para reenviar a sus países de origen a quienes vean rechazada su petición. Para lograr esos objetivos, los estados deberán dotarse de centros de detención masivos, donde mantener encerrados a los refugiados e inmigrantes mientras se realizan las identificaciones, se resuelven sus demandas de asilo y son deportados quienes no consigan el estatuto de refugiado.
Los plazos, una mera ilusión
Ese mecanismo requiere también un sistema judicial ágil para resolver con rapidez los recursos que pueden presentar quienes vean rechazada su demanda. Pero los sistemas judiciales en la mayoría de países de la UE están colapsados por la falta de medios y una endémica infrainversión, por lo que los plazos fijados son una mera ilusión, a menos que la tutela judicial sea solo aparente y los jueces se limiten a validar decisiones adoptadas de antemano.
La rápida deportación de inmigrantes rechazados a sus países de origen también adolece de optimismo. Los gobiernos de esos países suelen resistirse a recibir de vuelta a sus inmigrantes irregulares, porque las remesas de divisas que envían desde la UE a sus familias contribuyen a la subsistencia de las capas populares y a la estabilidad social. Las deportaciones al último país de transito tampoco funcionan, como ejemplifica Turquía (2.140 aceptados desde 2016). En 2022, solo se cumplió el 21,5% de las 422.255 ordenes de expulsión de inmigrantes y refugiados con asilo denegado cursadas en la UE, según Eurostat, y muchas de esas personas se limitaron a desplazarse a otro país de la UE.
La UE confía que los acuerdos con países de la cuenca mediterránea y de la costa atlántica africana contengan los flujos de refugiados e inmigrantes gracias al pago de fondos europeos. Pero esta contratación de gendarmes externos tiene un resultado mitigado. Durante 2023, se produjeron 380.000 llegadas irregulares en la UE a través del Mediterráneo y la ruta atlántica africana, el 17% más que en 2022, según Frontex. Los conflictos, la violencia y la pobreza en África y Asia alimentan la inmigración hacia la UE. La población del África subsahariana se duplicará en las próximas décadas con 1.000 millones de personas adicionales y esta explosión demográfica mantiene el producto interior bruto (PIB) per cápita del África subsahariana por debajo de su nivel de 2015, según el Banco Mundial.
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