Las expertas del caso Casol que Junts denunció defienden su trabajo
▶ Las autoras del informe sostienen ante el juez que sus conclusiones son «científicas»
Las expertas que investigaron si hubo acoso por razón de género en el grupo de Junts en el Parlament defendieron ayer ante el juez el contenido de su informe y su profesionalidad a la hora de elaborarlo. Según fuentes jurídicas, explicaron al magistrado del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona que hicieron su trabajo con «cuidado», «ajustado en todo momento al protocolo» del Parlament sobre violencia machista y vigilando que se respetara «la confidencialidad» de los implicados. También negaron cualquier «intencionalidad injuriosa». Las tres investigadas se enfrentan a una querella de Junts por injurias.
El caso se remonta a noviembre pasado cuando la diputada de Junts Cristina Casol denunció a su grupo por acoso. El Parlament activó los protocolos que tiene para este tipo de situaciones, que establece que es una empresa externa, la entidad Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress), quien elabora un informe sobre el caso. Meses después, el informe concluyó que no había «hechos probados» para determinar que Casol hubiera sufrido acoso, pero constató que sí había habido situaciones de tensión interna en el partido y con una base «fuertemente patriarcal». También describió «un ambiente de trabajo donde el machismo más cultural está arraigado».
Controles de calidad
Las tres expertas –una abogada, una trabajadora social y una psicóloga– declararon ayer ante el juez y defendieron que están formadas explícitamente en esta materia –cuestiones de igualdad, discriminación y violencia machista– y que se limitaron a hacer su trabajo.
Es decir, que las conclusiones a las que llegaron son «científicas» y pasaron por todos los controles de calidad de la entidad a la que pertenecen. Su defensa es que respondieron al encargo del Parlament con la profesionalidad de otros encargos. En cambio, en la sala, Junts defendió la tesis contraria. Fuentes jurídicas aseguran que el partido de Carles Puigdemont denunció que el informe busca «la criminalización sin fundamento» del partido.
Las tres investigadas respondieron a las preguntas del juez y a las de sus abogados, pero no a las de la abogada de Junts.
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