Proyectos congelados
La convocatoria de elecciones ha obligado a aplazar varias iniciativas como, por ejemplo, la reforma del 30% de viviendas protegidas y el nuevo plan de barrios de la ciudad.
La convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas para el próximo 12 de mayo se ha convertido en un factor decisivo para el día a día del Ayuntamiento de Barcelona. La nueva cita electoral ha dejado en suspenso algunos temas, que quedan aplazados hasta que pase la contienda electoral. En algunos casos porque la normativa así lo indica. En otros, por el sentido común o por cuestión de oportunidad política. También hay casos en los que el consistorio puede difundir su actuación o incluso tiene que hacerlo.
La ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) limita la actuación de las administraciones en periodo previo a unos comicios para que estas no hagan un uso partidista de su acción de gobierno. Sí, suena algo utópico, pero en general el veto sirve para evitar casos en lo que chirríe una rueda de prensa. Es también habitual que los gobiernos programen la finalización de los proyectos antes de que llegue esa restricción electoral, cuando se trata de elecciones que afectan a su propia administración convocada. Casi nadie en el planeta se ahorra una inauguración si tiene la posibilidad de hacerla cuando toca.
Per, al menos por ahora, eso no es viable para un alcalde, en este caso el de Barcelona, Jaume Collboni, y su gobierno. Collboni y sus concejales no pueden participar en inauguraciones ni defender proyectos que formen parte de su programa electoral.
Por ello, al menos dos de las iniciativas que han quedado suspendidas en estas semanas previas a las elecciones autonómicas del 12 de mayo, y que también se verán afectadas por las europeas del 9 de junio, son el nuevo plan de barrios y la reforma del 30% de vivienda protegida en grandes promociones y rehabilitaciones.
La falta de nuevos presupuestos deja a la ciudad sin 500 millones de euros para inversiones
Oportunidad política
Luego está la casuística más vinculada al sentido común y la oportunidad política. Es el caso de la entrada de ERC en el gobierno del PSC, que se da por hecha pero que ha quedado postergada porque de concretarse estos días afectaría de lleno a la posición de republicanos y socialistas ante las urnas.
El gobierno local puede mantener sus actividades corrientes y comunicar lo que pasa por sus órganos de gobierno, las decisiones que se toman. Pero lo que no puede hacer es presentar informes en los que saque pecho de su gestión ni proceder a inaugurar esa plaza que se ha reformado.
Luego hay actuaciones que está obligado a llevar a cabo pese al periodo electoral. Un ejemplo es el Plan de Actuación Municipal, el PAM, que establece las líneas prioritarias, los objetivos y las actuaciones de la acción de gobierno y que se elabora al inicio de cada mandato. No puede dejarse para pasado el verano. Otro caso: el plan de usos de Ciutat Vella. No sacarlo adelante supondría permitir que caduque el límite para la petición de licencias lo que podría llevar a una avalancha de peticiones que no deberían respetar la normativa.
Están permitidas las comisiones no permanentes: esta semana se inició una sobre multirreincidencia (aunque la segunda sesión se dejó para después del 12-M) y el lunes arranca una sobre la cobertura de la Ronda de Dalt.
Plenos municipales
La limitación derivada de la campaña electoral catalana, así como de las otras casuísticas mencionadas, también llega a plenos y comisiones municipales. La semana que viene tocaría el calendario habitual de comisiones temáticas, que tienen lugar de martes a jueves. Pero solo habrá una, el miércoles 17, de Presidencia, en la que los grupos podrán presentar una iniciativa y dos ruegos a elegir entre las de todos los temas: Urbanismo, Cultura, Economía. El pleno de mayo, será abreviado, sin la parte política.
En otro plano, la convocatoria electoral catalana ha afectado también al ayuntamiento. El hecho de que no se aprobaran los presupuestos de la Generalitat para 2024, que es lo que precipitó las elecciones, ha dejado a la ciudad, según denuncia el gobierno, con 500 millones de euros menos de inversiones para la ciudad.
Sobre este tema se pronunció la semana pasada la consellera de Territori, Ester Capella. La portavoz advirtió que debido a la falta de presupuesto el Gobierno catalán no podrá hacer los 1.700 pisos previstos en solares aportados por el consistorio. El alcalde de Barcelona, por su parte, señaló a los Comuns como responsables, sin citarlos, por no sumarse al pacto presupuestarios de ERC y PSC. ■