La fiscalía mantiene su petición de 3,1 millones de euros por el 1-O
La Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas no considera que la responsabilidad contable que exige por el 1-O y la acción exterior del Govern haya cambiado y en sus conclusiones sigue solicitando que la Generalitat sea resarcida con 3,1 millones de euros, la cantidad que fijó tras la celebración de la vista con la que hace algo más de un año se preparó la prueba del juicio. Esa es la suma con la que el fiscal jefe Manuel Martín-Granizo pide al tribunal que condene a reponer al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y a otros 33 demandados.
La acusación que ejerce Societat Civil Catalana hizo lo propio la semana pasada y mantuvo su reclamación de 5,3 millones de euros, informan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. Ahora ha llegado el turno de las defensas para defenderse de la acusación de responsabilidad contable. La consejera encargada de juzgar estas actuaciones, Elena Hernáez, tenía intención de dar a conocer su sentencia en un plazo de 20 días una vez que estuvieran en su poder las conclusiones de todas las partes.
Cantidad sin modificar
Las cantidades reclamadas por el ministerio público son 883.695 por los gastos de referéndum, que es la cifra obtenida de restar los 336.143 euros de la campaña Civisme –que MartínGranizo excluyó hace más de un año–, a los 1.219.838 que supuso la consulta ilegal. Por los gastos de acción exterior la cantidad reclamada nunca se ha modificado, así que el fiscal sigue exigiendo los mismos 2.209.503 iniciales. Todo ello suma un total de 3,1 millones.
Los demandados tuvieron que aportar 5,4 millones como fianza, tras realizarse una liquidación provisional, cantidad que fue avalada por el Institut Català de Finances. A ello se suma la promulgación de la ley de amnistía, que el ministerio público, que se opuso a la suspensión del procedimiento, menciona en su escrito de conclusiones.
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