Sánchez admite «disfunciones» en violencia de género
El Gobierno no aprueba medidas urgentes, deja las decisiones concretas en manos del Pacto de Estado y transfiere 160 nuevos millones a las comunidades.
Pedro Sánchez presidió, por primera vez en la historia, una reunión extraordinaria del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, un ente que engloba a 50 instituciones, entidades y asociaciones, en respuesta a un inicio de año «terrible» en el que han sido asesinadas diez mujeres y siete niños debido a la violencia machista. El presidente ha puesto la lucha contra esta lacra estructural en el centro de la agenda política, algo que aplauden las asociaciones de mujeres.
El problema es que en el encuentro no se aprobaron medidas urgentes o novedosas, aunque el líder del PSOE reconoció ante los presentes que existen «disfunciones» y conviene «diseñar nuevos mecanismos para combatir la violencia estructural». La toma de decisiones concretas se dejó en manos del Pacto de Estado contra la violencia machista, que agrupa a los partidos políticos, excepto Vox. Un acuerdo parlamentario, en el que también participan las comunidades y los ayuntamientos, que según el presidente hay que «renovar como prioridad absoluta a corto plazo».
El inconveniente es que las negociaciones entre partidos son lentas. Por ejemplo, pasó un año desde que el Congreso aprobó por unanimidad, en 2016, promover un Pacto de Estado contra la violencia machista y su aprobación, con más de 200 propuestas. Y el acuerdo político para renovar el pacto se alcanzó en 2021 pero aún no hay un nuevo documento consensuado y actualizado con medidas de actuación.
El negacionismo
Pero el Gobierno considera que el Pacto es la «herramienta» necesaria para mejorar las medidas de protección y prevención, «actualizando» su contenido «a los cambios sociales» que se han producido en los últimos años. De hecho, Sánchez inició su intervención asegurando que la lucha contra la violencia machista es una cuestión de Estado, que tiene que congregar a todos y en la que no caben discursos negacionistas «o que diluyan la violencia estructural a fuerza de retorcer el mensaje». A este respecto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al término de la reunión del Observatorio, explicó que las instituciones y asociaciones que han participado en el encuentro –que congregó a las comunidades, entes locales y representantes del ámbito jurídico, sindical o empresarial– coincidieron en la necesidad de incidir en la «concienciación social» y en la puesta en marcha de campañas –tradicionales y online– que reviertan los discursos negacionistas que están calando especialmente en los más jóvenes.
La distribución de fondos
Asimismo, conviene reforzar la cooperación entre todos los agentes que intervienen, mejorar su formación y crear más unidades de valoración forense, formadas por especialistas que emiten informes sobre las circunstancias que rodean a un delito de violencia de género, la víctima o el agresor y que ayudan a su enjuiciamiento. No las hay en todos los juzgados y donde existen, no cuentan con los suficientes medios.
La mejora de la coordinación y de la formación también se debe aplicar a la violencia sobre los niños, dado que este año se ha batido el récord con siete menores asesinados por sus padres en apenas cuatro meses.
Todas estas medidas «pasarán a ser analizadas, implementadas y concretadas» por la subcomisión parlamentaria que se ha creado en el seno del Pacto, que tiene como encargo «replantear» los acuerdos, según la ministra.
El Consejo de Ministros aprobó la distribución de 160 millones a las comunidades, 140 de los cuales se destinarán a programas promovidos por las autonomías para desarrollar el Pacto y con carácter finalista y otros 19,8 millones para programas autonómicos destinados a la violencia de género y las agresiones sexuales.
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