Cerco policial al botellón
93 personas han sido identificadas en 15 días por beber alcohol en la calle. Ya se han intervenido una docena de multitiendas
No se puede beber en la vía pública. Lo dice la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la Convivencia y el Ocio de Extremadura. Los menores tampoco pueden beber alcohol en bares ni bajo ningún concepto. Lo dice la misma ley y el sentido común. Sin embargo, casi ocho de cada diez estudiantes de 14 a 18 años han ingerido alcohol en el último año, y siete de cada diez en el último mes, según datos del Plan Nacional so- bre Drogas del Ministerio de Sanidad. Nueve de cada diez aseguran que es fácil conseguir bebidas, y la edad media de inicio al consumo es llamativamente baja en España: 13,8 años.
En Cáceres se lo están poniendo más difícil. El ayuntamiento ha adoptado una triple medida a fin de evitar que los menores puedan acceder al alcohol, pero también para hacer cumplir la prohibición de beber en la vía pública a cualquier ciudadano, tal y como exige la normativa y los propios vecinos de algunas zonas, cansados de los botellones. El Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía Local, coordinado por la subinspectora Isabel Mendoza, está realizando controles en las noches de los fines de semana en tres frentes: vía pública, multitiendas y bares.
El ayuntamiento tiene este objetivo sobre la mesa desde el inicio de la legislatura. En el verano de 2016 se incrementaron los controles sobre las multitiendas, que siguen hoy, y desde principios de noviembre se vienen estableciendo dispositivos específicos cada fin de semana para atajar el consumo en la calle, especialmen-
te entre menores. En estos quince días se ha identificado a 93 personas por consumir alcohol en la calle. En todos los casos se levanta acta de infracción y se requisan las bebidas. Si son mayores de edad se les tramita la multa, que puede derivar en cuantías de 300 a 30.000 euros. «Si son menores, automáticamente nos ponemos en contacto con sus padres y no nos movemos del lugar hasta que vienen a recogerlos. Por ejemplo, hace unos días interceptamos a tres chicos que estaban consumiendo calimocho. Lo primero es informar a las familias de lo que están haciendo sus hijos», subraya la subinspectora. El testimonio de los menores resulta fundamental para conocer dónde han adquirido las botellas.
El GES frecuenta y vigila las zonas donde se reúnen las pandillas para consumir alcohol, y en las que se producen las denuncias de los vecinos. Una de las áreas más frecuentadas es el entorno de la avenida Ruta de la Plata, Rodríguez de Ledesma y parque del Príncipe. También parques como el Padre Pacífico o el Olivar Chico de los Frailes, y el entorno de las discotecas. Desde algunas barriadas se alza la voz por la proliferación de botellones, como Montesol, CastellanosMacondo, El Junquillo, Gredos y Mejostilla. Suelen realizarse en zonas de esparcimiento familiar y dejan restos de cristales y orines, con las consiguientes quejas de los padres.
«Tratamos de que no haya un mayor aumento de menores que consumen bebidas alcohólicas. Pero es que además está prohibido para cualquier ciudadano en la vía pública, salvo muy contadas ocasiones en las que el ayuntamiento pide la debida autorización a la Junta, en determinadas fiestas», indica la subinspectora.
Hay otras vías para cortar el consumo de alcohol en el caso de los menores: evitar que puedan adquirirlo. Por ello se ha acentuado el control sobre la venta en las multitiendas. Desde el pasado verano se han levantado una docena de actas a estos establecimientos por distintas causas. Unas veces porque algunas no tenían el permiso específico que se exige para dispensar alcohol (en ocasiones desconocen que necesita una licencia especial, por ello el ayuntamiento las advierte y desde ese momento sí les pide los papeles). Otras veces porque, aun teniendo permiso, despachan alcohol a partir de las 22.00 horas (prohibido sin excepciones). Y en el peor de los casos, porque son pilladas vendiendo bebidas a menores, un extremo nunca permitido.
Cuando un establecimiento incumple estas normas, «automáticamente se instruye un expediente», matiza la subinspectora. La policía levanta acta de infracción por constituir una violación grave del artículo 13.2 de la Ley de la Convivencia y el Ocio de Extremadura, y seguidamente se decomisa de manera cautelar toda la mercancía para depositarla en jefatura. Si el propietario de las bebidas acredita más tarde que la adquisición ha sido legal, se le devuelve. De lo contrario, se destruye. La sanción a la que se enfrenta una tienda puede rondar entre 30.000 y 300.000 euros. La última ha sido una tienda en la avenida del Brocense, el pasado 4 de noviembre, por carecer de permiso de suministro de alcohol y hacerlo además fuera del horario.
Existe otra vía para impedir que los chavales beban: controlar la dispensación y venta en los bares De hecho, los menores ni siquiera tienen permitido entrar a los locales especiales de horarios nocturnos, los
de licencia F. La Ley de la Convivencia y el Ocio de Extremadura lo deja muy claro: «No se permitirá, con carácter general, el acceso de menores de 18 años a bares especiales, salas de fiesta, de baile, discotecas y establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas, excepto cuando se realicen actuaciones en directo, en cuyo caso los menores de 16 años de edad deberán ir acompañados de sus progenitores o tutores».
Eso sí, la ley admite la entrada de los mayores de 14 años en dichos establecimientos cuando se trate de sesiones específicamente destinadas a ese colectivo (fiestas light). «Deben ser previamente solicitadas y autorizadas, pero además exigen varios requisitos: tienen que retirarse las bebidas alcohólicas y su publicidad, no pueden estar conectadas las máquinas de juego, deben acabar a las 23.30 y tiene que haber un tiempo prudencial entre estas fiestas y las sesiones en las que haya alcohol», señala la subinspectora.
Pues bien, el grupo Especial de Seguridad (GES) también realiza controles en los establecimientos de copas. Durante la pasada noche de Halloween identificaron a 12 menores de entre 10 y 13 años que asistían a una fiesta light en un local de la zona del Perú, pese a que la edad mínima es 14 años. «Cuando detectamos estos casos identificamos a los menores y telefoneamos a los padres para que vengan a por ellos. También se incoa expediente al empresario que ha cometido la infracción de dejar entrar a menores», precisa la subinspectora Isabel Mendoza.
Estos controles policiales también permiten detectar el consumo de estupefacientes en la vía pública. Desde principios de mes se ha identificado a cuatro personas en el Olivar Chico, el parque de la Judería y Hernán Cortés. En estos casos se hace cargo de la instrucción la Subdelegación del Gobierno, que aplica la Ley de Seguridad Ciudadana para interponer la sanción correspondiente o proceder como sea oportuno.