El `Govern' aplaza unos comicios que el PSC podría recurrir
La mayoría de partidos acepta el 30 de mayo como nueva fecha de las elecciones catalanas Los socialistas amenazan con impugnar el retraso si se permite modificar las listas presentadas
La fecha de las próximas elecciones catalanas sigue retrasándose, un año después de que el entonces presidente catalán, Quim Torra, diera por finiquitada la legislatura anticipadamente. Esta vez es el impacto del covid-19 lo que sirve como argumento al Govern para decretar, previo pacto con la mayoría de las fuerzas parlamentarias de Cataluña, que la cita con las urnas se posponga del 14 de febrero al 30 de mayo. La decisión concitó un amplio acuerdo en la mesa de partidos, pero la nueva fecha no alcanzó la unanimidad porque los socialistas del PSC querían que se votara antes de Semana Santa, el 14 o el 21 de marzo.
Los socialistas rechazaron la decisión tomada porque, a su juicio, no atiende a motivos sanitarios, sino a intereses partidistas, y se reservan el derecho a recurrir a los tribunales si el Ejecutivo catalán reabre trámites electorales ya cerrados, como la presentación de candidaturas y coaliciones. El Govern solo anticipó que el censo deberá actualizarse.
En una reunión vespertina extraordinaria, el Gabinete en funciones acordó y firmó el decreto de aplazamiento de los comicios. El blindaje legal es una de las claves, por lo que en la comparecencia (sin preguntas de los periodistas), el vicepresidente con funciones de president, Pere Aragonès, y la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, citaron varias bases legales para justificar la decisión.
Primero, el informe que Torra encargó a la Comisión Jurídica Asesora, en el que se considera que la ausencia de una disposición «expresa» en la ley electoral sobre este tipo de prórrogas, «no ha sido un obstáculo» para entender que la suspensión se puede decidir. Los servicios jurídicos del Govern elaboraron otro informe que insistía en esta posibilidad, y el Ejecutivo sostiene que el decreto por el que se convocaron las elecciones del 14-F preveía el escenario de un cambio de fecha por la pandemia.
Sobre si el Govern estaba preparado para celebrar el 14-F, Aragonès afirmó que lo tenía «todo a punto», pero que la evolución de la pandemia ha hecho que mantener la cita fuera «un riesgo inasumible». En cambio, Budó citó a la Consejería de Acción Exterior –encargada de los procesos electorales y en manos de ERC– para afirmar que «las medidas adoptadas» hasta la fecha eran «insuficientes». Según fuentes conocedoras de la reunión, en la cita matinal con los partidos, Aragonès reconoció que los protocolos diseñados «no son suficientes», algo que le afeó buena parte de la oposición.
A partir de ahora, el Govern deberá detallar qué cambia y qué se mantiene cara al 30 de mayo. Su criterio básico es que se puedan convalidar las decisiones ya tomadas (candidaturas y avales), actualizar el censo y permitir nuevas ofertas electorales o coaliciones.
Fuentes conocedoras de la reunión aseguran que la nueva cita se decidió por la evolución de las curvas epidemiológicas y teniendo en cuenta el descenso de las temperaturas en primavera y el plan de vacunación.
Las formaciones apoyan el cambio de fecha por los malos datos del covid-19
«Nos oponemos al aplazamiento de las elecciones y más aún al 30 de mayo porque esta decisión no se toma en base a criterios epidemiológicos», espetó tras el cónclave el líder del PSC, Miquel Iceta. «Queremos leer el decreto porque una cosa es cambiar la fecha de las elecciones y otra as reglas del juego», añadió, y puso en duda el encaje legal de dejar abierta la convocatoria a nuevas candidaturas. «No se pueden reabrir plazos ya agotados», advirtió. Una vez hecho público el decreto, fuentes socialistas afirmaban que contenía elementos que generan «una gran inseguridad jurídica respecto a un derecho fundamental».
Vox también amaga con un recurso aunque duda de que tenga recorrido legal: «Si encontrásemos un resquicio legal para recurrir, sin duda lo haríamos», dijo su líder Santiago Abascal.