La demora trastoca los planes previstos del Ejecutivo central
La salida de Illa y el pacto para renovar el CGPJ, entre ellos
El aplazamiento de las elecciones catalanas supone una piedra en el camino inmediato trazado por el Gobierno. A grandes rasgos, el plan era este. Con el inicio de la campaña, en enero, Salvador Illa dejaría el Ejecutivo para centrarse en la candidatura de los socialistas catalanes, una salida que hubiera motivado cambios en el Consejo de Ministros. Tras los comicios, según las previsiones de la Moncloa, podría cristalizar el pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que antes de la cita con las urnas se considera improbable, debido al miedo de los conservadores a que Vox explote este entendimiento. Y ya por último, alcanzado el acuerdo con Pablo Casado, se abordarían los indultos a los líderes independentistas condenados por el 1-O. Pero ahora las piezas no encajan.
Los cambios en el Gobierno tendrán que esperar. Hasta que comience la campaña, Illa continuará como titular de Sanidad. En la Moncloa quieren que su salida, que en principio no tendrá lugar hasta abril o mayo, sirva para dar entrada a Miquel Iceta en Política Territorial, con Carolina Darias, que actualmente dirige esa cartera, saltando al puesto que ostenta el aspirante del PSC.
EL EFECTO ILLA El aplazamiento puede desbaratar el efecto Illa, plasmado en las encuestas, que colocan a los socialistas catalanes con posibilidades de ganar, si la figura del ministro pierde fuelle por los malos datos de contagios. Pero los socialistas, pese a ser partidarios de mantener la fecha original, rechazan esta posibilidad. Dicen que a finales de mayo el capital político de su aspirante será aún mayor, porque ya habrá millones de españoles vacunados y la lucha contra la pandemia habrá entrado en otra fase.
Fuentes del PSOE y del Gobierno sí admiten, en cambio, que el acuerdo judicial con el PP puede alejarse. A tenor de los precedentes, ven complicado que Casado se avenga a sellar un pacto con Pedro Sánchez, debido al peligro de que la ultraderecha aproveche este acuerdo (que es una obligación constitucional, por otra parte) para lograr el sorpasso en Cataluña. Lo cual no quita que carguen contra la actitud dilatoria del PP, que ha provocado que el CGPJ lleve más de dos años en funciones. Los indultos, además, podrían terminar de cortarle el paso a ese pacto. Los conservadores ya han puesto como condición que no se haya concedido la gracia, una actitud que critica el Gobierno.