El escándalo de las vacunaciones sin turno golpea a la cúpula militar
El Estado Mayor b asegura a Robles que el JEMAD no lo hizo antes de tiempo Las Fuerzas b Armadas tienen su cupo de vacunas y su propio protocolo
La onda expansiva de los escándalos de políticos que se saltan turnos de vacunación ha golpeado a la cúpula militar cuando, ayer, trascendió que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, teniente general del Aire Miguel Ángel Villarroya, se había vacunado contra el covid estando aún sin vacunar numerosos sanitarios de las fuerzas a su mando, incluso en el propio Hospital General de la Defensa.
Al conocer el asunto –que había difundido El Confidencial Digital informando de que entre los altos mandos vacunados está también el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fernando García González-Valerio– la ministra de Defensa, Margarita Robles, exigió un informe.
Fuentes militares informan a EL PERIÓDICO de que el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) explicó a la ministra que lo sucedido en la cúpula militar no es equiparable a lo ocurrido entre cargos políticos de diversos puntos del país.
De las vacunas de Pfizer a España, Sanidad reservó una cuota –que es secreta– para las Fuerzas Armadas. En Defensa, según fuentes relacionadas con el procedimiento, la IGESANDEF (Inspección General de Sanidad de la Defensa) diseñó un protocolo de vacunación similar al civil, pero «con peculiaridades de la operatividad militar».
Ese protocolo, informan estas fuentes, reparte las vacunas en cuatro subcuotas: Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y el
EMAD. En cada uno de esos ejércitos debe vacunarse primero a los sanitarios, en segundo lugar los militares en «zona de operaciones» (las misiones en el exterior) o a punto de ser enviados, y en tercero la cadena de mando según criterios de edad. Por la lógica de la carrera militar, en cada unidad suelen estar entre los más viejos el general y el coronel. Y eso pasó en el EMAD. Villarroya tiene 63 años.
Todo el EMAD no llega a los 400 efectivos, sumando los de sus instalaciones de la madrileña calle Vitrubio y los del cuartel OTAN madrileño de Retamares. La vacunación en el EMAD duró un día. Se vacunó a la media docena de sus sanitarios, se pasó al personal dedicado a misiones en terrenos de operaciones y se abordó la vacunación de los jefes más mayores «sin que el JEMAD pidiera nada por rango», explican estas fuentes.
La diputada del PSOE y excomandante del Ejército Zaida Cantera cree que «no hay reproche posible si el JEMAD ha seguido el protocolo, y se ha vacunado cuando le ha llegado el turno en su unidad. No tengo reproche ético, aunque estéticamente pueda parecer poco adecuado».
No opinan igual en Unidas Podemos, la formación que se ha mostrado más beligerante, y que ha reclamado el cese del JEMAD Villarroya. El portavoz adjunto de Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, cree que «si es verdad que el JEMAD se ha vacunado, debe dimitir o ser cesado». En esta polémica se cruza Julio Rodríguez, JEMAD antes que Villarroya, y lleva el gabinete del vicepresidente Pablo Iglesias. Villarroya y Rodríguez se han tratado largamente. Rodríguez ha permanecido callado en redes sociales.
Unidas Podemos exige «la dimisión o el cese» de Villarroya si se confirma
HEl TSJC promueve que acabe el «bloqueo» de las instituciones catalanas
El TSJC opina que «hay un interés público muy intenso» en la celebración de las elecciones que se «incrementa» desde el momento en que se produce una situación de «vacancia» en la Presidencia de la Generalitat, tras la disolución del Parlament, la cual irradia «al gobierno en funciones, puesto que el vicepresidente [Pere Aragonès] tiene limitadas sus competencias». El tribunal asegura que posponer las urnas supone abrir «un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas». Y la provisionalidad, a su entender, es perjudicial porque «se trata de una situación de bloqueo y de precariedad institucional que afecta asimismo a la legitimación del gobierno, lo cual es relevante en un entorno en la que la crisis sanitaria le obliga a adoptar cotidianamente decisiones de trascendencia, singularmente en la restricción de derechos fundamentales».
Los magistrados subrayan que hasta que decidan sobre las impugnaciones pueden darse cambios sustanciales en el covid al que se adaptarían.
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