Cifuentes culpa a la universidad de falsificar el acta del máster
La expresidenta madrileña se remite a un catedrático fallecido para declarar que lo cursó Admite que no defendió el trabajo final del proyecto y que tampoco pidió el documento
En su declaración ante el tribunal que la juzga por el caso máster, la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se remitió al fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde para asegurar que cursó el máster presuntamente regalado, ya que fue él quien se lo explicó, quien le permitió no asistir a clase por su trabajo y a quien le enviaba, a través de sus asesores o de su hermana –que trabajaba en la propia Universidad Rey Juan Carlos–, sus trabajos en formato impreso. Por eso no existe rastro digital de ellos ni los conserva en ningún formato.
Cifuentes sostuvo que ignoraba que se levantara acta del trabajo de fin de máster (TFM) y que se la mandaron de la universidad sin pedirla. Ella reclamó el título, sus notas y la matrícula. Y dijo haber pecado de «buena fe» al darlo por bueno, porque, de haber sabido que era falso, nunca se lo habría entregado a los medios ni exhibido en el vídeo en el que se la veía jactarse de que seguiría siendo presidenta madrileña, tras haberse destapado la polémica.
La acusada se desvinculó de forma tajante de la difícil papeleta que le dejó la primera acusada, la profesora Cecilia Rosado, quien relató que las presiones de su jefe, Enrique Álvarez Conde, y de la entonces asesora de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito le llevaron a falsificar el acta del TFM. «Ni a ella ni a nadie he pedido nunca que falsifique un documento», dijo Cifuentes, consciente de que se juega tres años y tres meses de pena de prisión por inducción a falsificar un documento oficial.
CAMBIO DE PRIORIDADES Y con intención de disparar contra el centro universitario por segunda vez, la expresidenta madrileña denunció que también se falsificó su firma en el documento de matrícula del máster, realizado a la vez que el de otros alumnos que tampoco asistieron a clase. La expresidenta dijo no conocerles, salvo a su compañero del Partido Popular Pedro Calvo, aunque ignoraba que lo hubiera cursado.
Cifuentes trató de explicar por qué ignoraba tanto sobre unos estudios que dice haber cursado con sus reiteradas mudanzas y con el orden de prioridades de su vida, que cambió al ser nombrada delegada del Gobierno en Madrid, en el 2012. Así, se le dijo verbalmente que había sido aprobada, pero no recuerda las notas, y no pidió el título hasta el 2014, cuando se empezó a dar publicidad a los currículums de los cargos públicos. Más que defender su trabajo, explicó, lo que hizo fue presentarlo de «forma informal» ante personas que supone que eran profesores del máster, pero que no conocía, porque no fue a clase.
La fiscala Pilar Santos Echevarría trató de ahondar en los motivos por los que había tardado dos años en presentar su agenda privada, en la que consta que ese acto fue el 2 de julio del 2012, pero el presidente del tribunal, Luis Carlos Pelluz, se lo impidió. Cifuentes lo justificó en que su secretaria en sus distintos cargos le había dado la memoria externa hacía poco tiempo.
«PERSONA COMPLICADA» En el turno de testigos, la profesora Clara Souto, cuya firma aparece en el acta del TFM de Cifuentes, coincidió con Rosado en que a Álvarez Conde no se le podía contradecir y que «era una persona complicada». Señaló que el catedrático la telefoneó cuando estalló el escándalo y le dijo que había problemas con el máster. Ella accedió a ayudarle, sin pedir explicaciones. «No paro de preguntarme por qué no [las pidió]. Tenía los niños pequeños, me estaba reincorporando a la vida académica… No pensé que fuese nada que no se pudiese hacer», aseguró.
La tercera firma era de Alicia López de los Mozos, que relató que por las presiones de Álvarez Conde para que mantuviera que participó en el acto de defensa del TFM perdió seis kilos en una semana y tuvo que cogerse una baja por ansiedad.
El rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, no ayudó a la expresidenta. Sostuvo que se mandó el acta del TFM a la Consejería de Educación madrileña ante las numerosas llamadas que se recibieron en el centro reclamándola.
La exdirigente popular, que abandonó la política el 25 de abril de 2018, se enfrenta a tres años y tres meses de cárcel por la presunta comisión de un delito de falsedad documental del acta sobre la defensa del TFM. La declaración de ayer se produjo después de que el jueves un juez archivara la querella que interpuso contra los periodistas de eldiario.es que destaparon el caso. Cifuentes acusaba a los autores de «la ilícita obtención de documentos académicos personales, amparados por la Ley de Protección de Datos.
Cristina Cifuentes
EXPRESIDENTA MADRILEÑA «No defendí mi trabajo. Lo entregué y lo expliqué en líneas generales. Fue un acto informal»
«Ni a mi asesora ni a ninguna otra persona he pedido nunca que falsifique un documento»