Londres endurece la entrada en el país con más test y cárcel

Castigará con hasta 10 años si ocultan haber estado en zona de riesgo

Viajar al Reino Unido es cada vez más difícil, costoso y complicado. El Gobierno británico ha vuelto a reforzar las medidas en las fronteras para impedir la llegada de nuevas cepas de coronavirus, amenazando incluso con la cárcel a quienes traten de saltarse las nuevas normas. Según anunció ayer el ministro de Sanidad, Matt Hancock, en la Cámara de los Comunes, desde el próximo lunes, al PCR negativo para todos los pasajeros internacionales realizado 72 horas antes de la partida, se sumarán otros dos test similares durante el aislamiento obligatorio de 10 días. El primero deberá realizarse después del segundo día y el segundo después del octavo. Todos los test positivos serán sometidos al análisis del genoma, para detectar si hay una nueva variante y el plazo de la cuarentena volverá a retomarse desde el inicio.

Los residentes británicos o irlandeses procedentes de una lista de 33 países considerados como de alto riesgo (la mayoría de África, Latinoamérica y Portugal) serán aislados en un hotel bajo vigilancia durante 10 días. Hay ya 4.600 habitaciones disponibles en un total de 16 hoteles, según el Gobierno.

Escocia va más lejos. El internamiento en recintos hoteleros se aplicará sin distinción a todos los viajeros, vengan de donde vengan. El precio de la estancia, que deberán pagar por adelantado de su bolsillo, será de 1.500 libras (casi 2.000 euros). La tarifa incluye además del alojamiento y las comidas, las dos pruebas PCR. La reserva de las habitaciones debe ser realizada obligatoriamente antes de tomar el avión en un portal oficial en internet que se activará mañana.

SANCIONES

Las sanciones también se endurecen considerablemente. Multa equivalente a 1.125 euros a quien no se haga el test a la llegada, de 2.300 euros si no se realiza el segundo y su aislamiento se prolongará cuatro más. Los obligados a permanecer en los hoteles que se salten el aislamiento pueden ser castigados con multas de entre 5.700 y 11.400 euros. Y se exponen a una pena máxima de 10 años de cárcel para aquellos que lleguen de un país de alto riesgo y no lo comuniquen.