«La reforma penal es una cortina de humo»
La Moncloa anuncia su despenalización y los de Iglesias registran su norma Los socialistas acusan a los morados de uso electoralista de la reforma penal
Las elecciones catalanas están enfangando las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Al menos, así lo cree la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que acusó ayer a sus socios de registrar una proposición de ley para despenalizar los delitos de opinión con fines electoralistas, contraprogramando el anuncio del Ministerio de Justicia sobre una reforma del Código Penal en el mismo sentido. Los morados dicen que fue al revés: primero informaron a los socialistas de sus intenciones y después estos dieron el paso.
«Estamos en campaña electoral y algunas formaciones quieren apadrinar, capitanear o patrimonializar algunas cuestiones solo y llanamente porque el domingo hay elecciones y todas las formaciones se quieren situar en posición de ventaja», explicó Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, restando importancia al choque con los de Pablo Iglesias.
DOS VERSIONES El roce entre ambos partidos se produjo a última hora del lunes. Con la condena al rapero Pablo Hasél a nueve meses y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona sobre la mesa, el Gobierno informó de los planes del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de reformar el Código Penal para que estos delitos no conlleven penas de cárcel. Sin embargo, fuentes moradas mantienen otra versión. Según explican, informaron al PSOE de su propósito de registrar una proposición de ley para derogar los delitos que perjudican la libertad de expresión y fue entonces cuando los socialistas movieron ficha.
«No tiene ningún tipo de interés de dónde parten o dejan de partir las iniciativas que produce este Gobierno», atajó Montero. No obstante, la ministra portavoz hizo hincapié en varias ocasiones en que una reforma semejante del Código Penal deberá ser liderada por los ministerios de Justicia y de Interior, dejando caer que no tendrán en cuenta la iniciativa de los morados.
Sobre su tramitación, apuntó que los cambios respecto a la libertad de expresión se prevé que se incluyan en la reforma global del Código Penal en la que trabaja Campo y que incluye, entre otras cosas, la revisión del delito de sedición y la introducción del consentimiento explícito de la mujer. Según explicó, la intención de Campo es «imprimir velocidad» a esta reforma, ya que el Gobierno se comprometió a que estuviera lista a lo largo de este mismo año.
«Si hubiera alguna necesidad de extraer esta parte y acometerla de forma exprés así se haría», apuntó Montero abriendo la puerta a que lo delicado de la reforma completa haga necesario retrasar la fecha.
La ministra portavoz también dejó ayer claro que esta reforma no significa renunciar a otras iniciativas anunciadas por el Ejecutivo, tras ser preguntada si la decisión supone aparcar la dirigida a crear el delito de apología del franquismo.
«El gobierno ya expresó su voluntad e iniciativa para dotar de proporcionalidad a esta norma y aportar un marco mas seguro», señaló, para añadir que la revisión de estos delitos va en relación con resoluciones recientes del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el sentido de que «estos excesos verbales en el marco de expresiones artísticas y culturales deben quedar al margen del castigo penal».
Por otra parte, defendió la «cintura política» y la «sensibilidad» del Gobierno ante lo manifestado por «gran parte de la población que se mostró atónita» ante recientes sentencias, en alusión aunque sin citarlo al anuncio de ingreso en prisión del rapero Hasél, tras ser condenado por el contenido de las letras de algunas de sus canciones.
Los morados Jaume Asens y Enrique Santiago registran su proposición.
Por parte de la APM, la magistrada portavoz María Jesús del Barco coincide en que «no es bueno reformar en caliente, ni para bajar, ni para subir porque tuviéramos ayer a unos artistas mostrando su descontento», en clara alusión al manifiesto de artistas en apoyo al rapero Hasél. Del Barco expone que la libertad de expresión es un derecho fundamental pero no absoluto, tiene límites como son las injurias y calumnias, y deben tenerse en cuenta.
Por su parte, la portavoz del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, se sumó a sus compañeros, matizando que ve más razonable una modificación de los actuales delitos que una derogación, como plantea la proposición de ley de Podemos.
A título personal, el fiscal José Antonio Frago, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), entiende que las condenas en el delito de enaltecimiento del terrorismo deben mantenerse, pudiendo valorarse la despenalización de otras conductas.