¿El bar es responsable de tu mascarilla?

Una multa a un hostelero abre el debate sobre si el cumplimiento de b las medidas debe recaer en clientes o dueños. Los propietarios se quejan de tener que ejercer de vigilantes: «Nosotros no somos policías»

pero esta semana una l debate ya estaba en la caCÁCERESlle multa a un hostelero volvió a llevarlo a primera línea. La policía local interpuso a principios de enero una multa al dueño de un bar con 1.500 euros, una de las más cuantiosas de los últimos meses, porque seis de sus clientes no llevaban la mascarilla. Los agentes justificaron la denuncia en la «permisividad del dueño para que las personas que se encontraban consumiendo en el interior del local cumplieran las medidas sanitarias para prevenir contagios».

El propietario, que anunció que recurrirá ante el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación de Cáceres, el organismo encargado desde octubre de gestionar las sanciones interpuestas por la policía y la Guardia Civil, alegó en su defensa que en el momento en el que visitaron los agentes el local los clientes, separados en varias mesas, estaban bebiendo. Concluyó también que no podía «contratar a un camarero por mesa».

Esta multa ha generado que la pregunta que se repita en los últimos días en torno a las mesas y terrazas de la hostelería sea: ¿el bar es responsable de que tú lleves la mascarilla?. En ese sentido, la nueva normativa que aprobó el gobierno regional en la reapertura de los negocios del sector tras las restricciones por el repunte de contagios sí recoge ya explícitamente que los clientes deben llevar puesta la mascarilla en todo momento cuando se encuentren en un establecimiento de hostelería excepto cuando beban o coman. Hasta este momento ha sido habitual en la ciudad la estampa en terrazas o en el interior de los locales de usuarios sentados en una mesa sin usar la mascarilla. La normativa recordaba que se debía usar pero no abordaba este punto de forma directa como lo hace ahora.

En esa línea, los hosteleros de la capital cacereña son firmes en su postura y hacen públicas sus quejas porque deben ejercer de vigilantes. «La responsabilidad última es particular, nosotros podemos aconsejar, podemos poner cartelería, pero el cliente tiene que saber que es una normativa que hay que cumplir», sostiene Javier Blanco, responsable de la Mafia se sienta a la mesa y Volapié, ambos ubicados en una de las zonas de bares por excelencia de la ciudad. Pone de relieve el hostelero que la tónica general es el respeto a la norma y asegura que desde que abrió no ha sido testigo de ninguna incidencia al respecto excepto en una ocasión. «El cliente lo entiende, sabe que nos han cerrado dos veces, solo ha habido un momento en el que no lo entendían, me lo dijo un camarero y le dijimos que si no iban a cumplir que se fueran, yo no voy a poner en riesgo mi negocio por un cliente, si tengo que perder un cliente por imponerle la normativa, lo

Evoy a hacer, y debería ser la pauta, nos estamos jugando mucho, somos los primeros en aconsejar cumplir la normativa al 100% porque no nos podemos permitir volver a cerrar », asevera.

De la misma manera se manifiesta Carlos Talaván, responsable de La Majá y portavoz de la asociación de hosteleros de la plaza Mayor, otro de los puntos centrales de la hostelería cacereña. Sostiene

que el uso de la mascarilla está recogido «es una norma impuesta por el gobierno central y se supone que todo el mundo debería saber que hay que cumplirla» y que por parte de los negocios se puede colaborar para «publicitarla» y «darle visibilidad con carteles para dejar constancia», pero incide en que es el cliente es el que «tiene la última palabra».

Coincide Miguel Ángel Martín, de Vivaldi y portavoz de la asociación Acabares, con esa labor que deben ejercer los negocios a la hora de «recordar» las normas. Compara la situación de ahora con la aplicación de la ley Antitabaco y confía en que en los próximos meses la clientela normalice las medidas como ocurrió con la prohibición de fumar en los espacios cerrados. «La gente se tiene que reeducar», manifiesta, y apela a la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los propios dueños de los negocios. «Tenemos que ayudar a la policía y la policía a nosotros», concluye.

Más tajante se muestra sobre la sanción Natalia Narros, propietaria de la chocolatería Valor, que asegura que una multa de este tipo asesta un golpe al sector y genera «malestar» e «inseguridad». «No puede haber una norma que haga que el hostelero sea policía, si ya de por si tenemos limitaciones de aforos, de horarios, no somos responsables ni debemos serlo, no pueden venirme a mí a sancionarme porque un cliente irresponsable ha incumplido, si yo no he cerrado a la hora, entiendo que se me multe, pero en este caso no, porque no he sido yo el que ha incumplido», pone de relieve la empresaria.

Del mismo modo, los hosteleros muestran sus reservas con que la sanción que se imponga sea económica, ya que, según consideran, termina de dar «la puntilla» a un sector que no ha recuperado ingresos tras un año de cierre durante meses y restricciones de aforo y horarios. «Si a lo que estamos viviendo desde hace un año, le sumas este tipo de multa de la administración es el fin, con las pérdidas que acumulamos desde hace meses no estamos como para pagar una multa», apunta Miguel Ángel Martín.

Desde el mes de enero el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación de Cáceres ha recibido 1.370 sanciones relacionadas con el incumplimiento de las normas decretadas por el Gobierno central, una cantidad que equivale a casi 500.000 euros en multas.

Es por este motivo, que plantean que «no se castigue a un sector ya de por sí castigado» y si se impone alguna sanción no afecte al bolsillo si no que se apliquen otro tipo de medidas sancionadoras que «también duelen pero no suponen un desembolso tan gravante». En esa línea Talaván propone que se sustituya la cuantía económica por otro tipo de multas como limitar el horario de cierre según la gravedad del incumplimiento.

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