CRPS: «Es una anomalía pasar de ser empleado público a privado»
Los trabajadores b defienden su adscripción al SES frente a la privatización Les apoyan el PP, b Podemos, Unidas por Extremadura, IU, UGT y Extremeños
Un alegato contra la Sanidad pública y una defensa de sus derechos como trabajadores públicos. Es lo que ha sido la primera de una serie de concentraciones semanales que van a llevar a cabo los trabajadores del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Plasencia (CRPS) en contra de la decisión de la Junta de licitar la gestión para que se haga cargo del servicio una empresa privada.
Una pancarta con el lema Convenio consejería-ayuntamiento ¡ya! y carteles con frases como Con la Sanidad no se comercia, No a la licitación del CRPS o No a la privatización sujetaban ayer sus nueve trabajadores y también otra treintena de personas que les apoyan.
Frente a los planes de la Junta, que defiende que el resto de CRPS de la región son de gestión privada, Pedro Loro, director del centro placentino, subraya que la diferencia con el resto es que «desde el inicio, aquellos han sido de gestión privada y el nuestro, desde el inicio, de gestión pública. Los trabajadores hemos tenido que pasar por un concurso/oposición para obtener nuestras plazas».
Por eso, considera que «es una anomalía pasar de ser un trabajador público a uno privado». Porque hasta ahora, son trabajadores municipales en base a un acuerdo entre el ayuntamiento y la Junta.
Además, dado que atienden a usuarios de Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata «derivados desde otros dispositivos especializados públicos de salud mental del SES», subrayan que son empleados públicos que prestan un servicio de carácter sanitario «en un dispositivo especializado de la red pública del SES».
Apelan por tanto a la Ley General de Sanidad para reclamar su adscripción al Servicio Extremeño de Salud, como se ha ido haciendo hasta ahora con personal de las diputaciones de Cáceres y Badajoz que trabajaban en hospitales y del sociosanitario.
Consideran que les asisten «los mismos derechos» y seguirán defendiéndolos porque además, tienen muchas dudas e incertidumbre sobre su futuro en una empresa privada y sobre la atención que se daría a los usuarios, ya que «aquí tenemos un rodaje hecho».
Su protesta cuenta con el apoyo del PP, de Unidas por Extremadura, Unidas Podemos, Extremeños, Izquierda Unida y UGT.
Subrayan que el resto de CRPS de la región son de gestión privada desde los inicios, al contrario que el placentino