PSOE y PP, con tensiones antes de renovar el CGPJ
Los populares afirman que los socialistas aceptan dejar fuera a Podemos, pero estos lo niegan El órgano de gobierno de los jueces paraliza unos nombramientos pero ocho vocales piden hacerlos
En el Gobierno y en el PSOE llevan meses diciendo que tienen cerrado un acuerdo con el PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero que los populares se negaban a hacerlo público por razones estratégicas, dado que tenían por delante las elecciones catalanas y la amenaza de sorpasso de Vox, luego confirmado. Ahora que ha pasado el 14-F y que el partido de ultraderecha ha barrido con mucho a los populares en el Parlamento de Cataluña, el equipo de Pablo Casado parece tener más prisa por cerrar un acuerdo de Estado que le devuelva los galones de jefe de la oposición.
Pero claro, tiene que preparar a sus simpatizantes para el viraje que se dispone a dar y ayer, a primera hora, fue su secretario general, Teodoro García Egea, quien salió a la palestra a decir que no eran ellos quienes cambiaban de criterio para acercarse a los socialistas, sino los socialistas los que se acercan a ellos al permitir que se excluya a Podemos de la ecuación.
«Unidas Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el CGPJ», sentenció García Egea. «El pirómano no puede elegir al bombero», ironizó antes de congratularse porque el PSOE hubiera aceptado la exigencia de su formación de dejar a los de Pablo Iglesias fuera de la ecuación para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
LA VERSIÓN SOCIALISTA / Sin embargo, en el PSOE manejan una versión diferente de los hechos. El responsable de Organización del partido, José Luis Ábalos, negó haber excluido a sus socios y dejó claro, hasta en cuatro ocasiones, que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está negociando con el PP como representante de «todo» el Gobierno.
Aunque pidió a Casado abandonar el «obstruccionismo» y los vetos, Ábalos no aclaró si el acuerdo del CGPJ deberá contar con el visto bueno de los morados. En Unidas Podemos, el tercero en discordia, tacharon el anuncio de García Egea de «noticia falsa» para «sabotear la negociación».
Pese a estos rifirrafes de última hora, cada vez parece más cercano el anuncio oficial de un acuerdo para renovar el CGPJ, en funciones desde hace más de dos años. Buena señal es que el órgano de gobierno de los jueces decidió ayer no incluir en el orden del día del pleno previsto para el jueves los nombramientos que tenía pendientes en el Tribunal Supremo, en los tribunales superiores de Canarias y del País Vasco y otras plazas menores, informa Ángeles Vázquez.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron a este diario que son dos los motivos para ello. Por un lado por actuar con coherencia respecto a las decisiones adoptadas por el Consejo en el mismo sentido pero en enero del año pasado y el pasado mes de julio, cuando parecía que las negociaciones para la renovación del órgano iban a fructificar, y, por otro, que hasta ahora los nombramientos realizados cuando el Gobierno presionaba para frenarlos han contado con una mayoría incontestable que ahora no parece posible reproducir.
Sin embargo, ocho vocales del CGPJ, tanto conservadores como progresistas, exigieron a su presidente, Carlos Lesmes, que incluya en el orden del día del Pleno previsto para este jueves los nombramientos de cargos judiciales que se pretendían hacer, según informaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press. Realizaron una petición formal recordando que los artículos 35 y 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial establece que si al menos cinco vocales solicitan la discusión de un asunto debe incluirse en el orden del día.
En mitad de las negociaciones del Poder Judicial y a la espera de que se resuelva si Iglesias participará en la elección de sus miembros, las relaciones entre Partido Socialista y Unidas Podemos siguen tensándose, también con el control de los precios del alquiler. Ayer Ábalos abogó por promover incentivos fiscales. «Lo pactado obliga», le respondió la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, entre los dirigentes más críticos con el sector socialista del Gobierno.