«La Fiscalía desprecia e ignora pruebas contundentes»
organización agraria UPAUCE Extremadura ha expresado este jueves su más absoluta «sorpresa y rechazo» al conjunto de delitos con los que Ministerio Fiscal acusa a los investigados en la denominada `Operación Tellus', que consideran «magnificados desorbitadamente por las condenas que reclama sin justificado soporte probatorio contra la organización, sus dirigentes y trabajadores», señalan.
En una primera valoración, UPA-UCE considera que, en su escautado crito de acusación, «desprecia e ignora las contundentes e incuestionables pruebas que, mediante declaraciones testificales ante la Guardia Civil y el juzgado instructor, los informes emitidos por el Banco de España a través del Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), así como los informes de los servicios de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Intervención General de la Junta de Extremadura, y también el material inLa e investigado en la propia sede de la organización. Todos ellos, a su juicio, «demuestran la correcta actuación de UPA-UCE Extremadura y la efectiva prestación del servicio de asesoramiento a los agricultores y ganaderos que fueron los efectivos beneficiarios de las subvenciones concedidas por la Junta de Extremadura», señalan.
En opinión de UPA-UCE, «la única explicación posible al escrito de acusación es la de tratar de justificar su improcedente y desorbitada solicitud» de mantener en prisión incondicional durante tres meses a Ignacio Huertas y Maximiano Alcón».
La organización recuerda que la Junta de Extremadura, que inicialmente se personó como acusación, se ha apartado del caso, «reconociendo la inexistencia de perjuicio para la administración». «Sin fraude de subvenciones que perjudique a las arcas públicas no existe ni falsedad documental, ni blanqueo de capitales ni, menos aún, organización ni grupo criminal», defienden.
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