Calviño insta a las autonomías a dar ayudas directas a las pymes
La ministra de Economía mantiene que disponen de 2.000 millones para este fin Dice que el 25% del fondo europeo React-EU puede ir a estas empresas
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, instó ayer jueves a las comunidades autónomas a aplicar 2.000 millones para hacer llegar ayudas directas a las empresas. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Calviño recordó que las comunidades autónomas accederán este año a 8.000 millones de euros del fondo europeo React-EU (10.000 millones hasta el 2022). Con esta cantidad, dijo, las autonomías cuentan con la «financiación suficiente» para hacer frente a sus necesidades sanitarias y sociales, «pero también para dar ayudas directas la a las empresas en sus territorios».
Según añadió, los gobiernos autonómicos «ya han comunicado al Ministerio de Hacienda que destinarán aproximadamente un 25% de esta cifra, de estos fondos del React-EU, precisamente a pymes, autónomos, emprendedores y a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo» . Y son esos 2.000 millones autonómicos los que Calviño instó a ser aplicados en ayuda de las pymes.
La vicepresidenta también se refirió al nuevo plan de 11.000 millones de euros anunciado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer llegar ayudas a empresas, pymes y autónomos de los sectores y territorios más afectados por la crisis, en particular, en el ámbito del turismo y la hostelería.
Calviño confió en que las nuevas medidas puedan estar aprobadas en marzo y dijo que tendrán como objetivo principal «reforzar la solvencia de los balances de las empresas», con el fin de «darles un mayor músculo para que puedan retomar su actividad, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores» cuando se inicie la recuperación económica.
Las medidas irán destinadas a aliviar la carga financiera de «empresas viables que se ven temporalmente afectadas por la caída de la actividad y que pueden estar en una situación de sobreendeudamiento» por la crisis sanitaria.
Según Calviño, el Gobierno está trabajando con el Banco de España y las entidades financieras para realizar un análisis preciso sobre la solvencia empresarial que permita «el mejor uso de los recursos públicos para reforzar empresas viables».
En este sentido dijo entender «muy bien» que las empresas pidan más ayudas y que las entidades financieras –que se resisten a aceptar quitas de deudas– «defiendan sus intereses individuales». Pero «el Gobierno y el Congreso están para defender los intereses generales» y eso pasa por una gestión eficiente de las ayudas que presten a las empresas tanto el Estado como las comunidades autónomas, añadió la vicepresidenta
Por otro lado, la ministra aseguró que los fondos europeos que recibirá España movilizarán 500.000 millones de euros de inversión privada, lo que tendrá un impacto sobre el crecimiento económico de 2 puntos porcentuales este año. «Hablamos de un impulso inversor que no es comparable con ningún otro momento y que va a tener en España un salto comparable al de los fondos estructurales en los 80 y 90», señaló.
Hde sus empleados. Así lo refleja la sentencia hecha pública ayer, que reprocha abiertamente a la compañía el hecho de que no informó debidamente a sus trabajadores ni negoció su implantación.
El programa piloto puesto en marcha por la compañía pretendía «mejorar el ratio de pedidos que se entregan más tarde de la hora prevista» y facilitar al consumidor la opción de seguir en tiempo real el estado de su comida. Para ello, los repartidores debían aportar su propio teléfono móvil con conexión a internet y costearlo de su bolsillo, con una compensación monetaria que la compañía impuso sin negociación previa. El hecho de negarse a dicha geolocalización era motivo de despido. Todo ello levantó el malestar de los empleados, que ya habían llevado ante los tribunales a Telepizza por no aplicar correctamente las anteriores subidas del salario mínimo inteprofesional (SMI) y pagarles de menos, según alegaron.
En la sentencia, los magistrados ven acreditado un «abuso de derecho por parte de la empresa».
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