La Fiscalía pide 16 años de cárcel para la cúpula de UPA-UCE
Les sitúa como b responsables de un entramado para defraudar 4,3 millones Señala que entre b 2010 y 2015 practicaron una «financiación encubierta» de la opa
El Ministerio Fiscal considera que la organización agraria UPA-UCE creó un entramado con el fin de «apoderarse de la totalidad de las subvenciones comunitarias por asesoramiento de manera rápida, eficaz y minimizando los costes económicos» y que gracias al mismo gestionó 4.342 expedientes de solicitud por los que se hizo con un montante de 4,3 millones que destinó a la apropia organización.
El escrito de acusación es un nuevo paso derivado del proceso judicial abierto a raíz de la `Operación Tellus' puesta en marcha por la Guardia Civil en 2016. En él, la Fiscalía solicita penas de prisión para los siete acusados en el proceso, entre ellos el secretario general de la organización, Ignacio Huertas y el secretario de Administración, Maximiano Alcón, para los que pide respectivamente hasta 16 años de prisión y una multa de 33 millones como máximos responsables de todo ese entramado. Además pide hasta 10 años y 4 meses de prisión para Miguel Leal (secretario de organización), José Cruz (secretario de Acción Sindical) y María Antonia Alcalá (vicesecretaria general); 9 años y 6 meses de cárcel para Gervasio Martínez (director del proyecto técnico de las subvenciones); y para Juan Manuel Apolo, trabajador considerado el contable de la organización agraria, el fiscal pide hasta 6 años de prisión, según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. A este último le aplica, eso sí, los atenuantes de confesión y reparación del daño.
A todos ellos les considera autores de los delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en distinto grado, según el escrito de acusación pública.
También pide penas de entre 6 y 10 años para los otros cinco acusados por su distinta participación
A través de una nota de prensa, la Fiscalía de Mérida explicó ayer que «los hechos por los que se formula acusación se refieren al periodo temporal que comprende los años 2010 a 2015» y se limitan a la «presunta creación de un entramado organizativo, con distintos niveles de responsabilidad de acuerdo al cargo ocupado por los encausados». Este sistema estaba encaminado supuestamente «a destinar fondos procedentes de subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a fines diferentes a los establecidos por la reglamentación que los regula, y más en concreto, para lograr en última instancia una financiación encubierta del propio sindicato», señala la Fiscal Jefe.
En 60 páginas, la Fiscalía desgrana cómo la organización agraria creó supuestamente un mecanismo para destinar «a su propio beneficio» los fondos destinados a sufragar parcialmente los gastos de los honorarios por los asesoramientos para el cobro de las subvenciones a agricultores y ganaderos. A estos los califica como «meros instrumentos para el fin defraudador predeterminado».
El fiscal recoge en su escrito, fechado el 8 de enero, que poco antes de enero del 2010 fueron precisamente Ignacio Huertas y Maximiano Alcón quienes «ordenaron tanto la organización de un proyecto técnico consistente en la planificación de los asesoramientos a realizar» para la obtención de las subvenciones «como una planificación financiera» para que la obtención de las subvenciones repercutieran en la organización profesional agraria. Al resto de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Regional de UPAUCE los sitúa como conocedores del procedimiento, al que «dieron su beneplácito».
Con eso encargaron presuntamente a Juan Miguel Apolo, «la ideación de un sistema que permitiera al sindicato conseguir ese objetivo». Una vez ideado se puso a su disposición «la organización, estructura y jerarquía de la organización», afirma. Es a Juan Miguel Apolo al que se atribuye la creación del «carrusel» por el que supuestamente se realizaron pagos a agricultores y ganaderos a través de una sociedad interpuesta (Servicios Integrales Extremeños, SIEX) que previamente les había facilitado las cantidades a abonar. «El fraude financiero se sustenta en que las operaciones de préstamos y adeudos que se realizaban eran ficticias», señala la Fiscalía.
El Ministerio público pide además para la organización agraria UPA-UCE una multa 11,1 millones de euros por un delito continuado contra la hacienda pública de fraude en subvenciones (8,6 millones de euros) y por un delito continuado de blanqueo de capitales.
La Fiscalía de Mérida ha recordado que el escrito de calificación provisional carece de eficacia jurídica aún, «puesto que están pendientes de resolución varios recursos interpuestos contra el auto de procedimiento abreviado». La resolución no es firme, por tanto, hasta se decida si se desestiman esos recursos y se dicta el posible auto de apertura de juicio oral.
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