Destapado un millón de € en gasto de campaña no electoral
El Tribunal de Cuentas, en su examen de la contabilidad de los partidos en la campaña de las generales del 2019, ha destapado casi un millón de euros de gastos que no tenían la consideración de electoral o que directamente no debieron de haberse hecho. Así se recoge en el informe sobre los comicios del 10-N que fue aprobado la semana pasada por la institución que preside María José de la Fuente y que acaba de remitirse a las Cortes.
En su contenido, según Europa Press, se señala que las formaciones políticas declararon para dicha campaña recursos por 48,99 millones de euros, de los que 21,52 procedieron de créditos bancarios, 13,56 de adelantos de subvenciones públicas, otros 13,86 millones de aportaciones de los partidos y solo 38.300,50 euros de aportaciones privadas.
Eso sí, el Tribunal de Cuentas solo considera gastos electorales justificados un total de 48,93 millones de euros, de los que 23,62 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y los otros 25,31 millones al envío de propaganda electoral. Por contra, se han detectado gastos por importe de 531.911,84 euros que no tienen naturaleza electoral, así como 381.706,40 euros que se consideran no permitidos por la ley electoral, otros 5.782,23 euros realizados fuera del plazo legal establecido y 11.645,54 euros con justificación insuficiente.
Todo estos gastos, que suman 931.046 euros, no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales, aun cuando se han tenido en cuenta a efectos de computar el cumplimiento del límite máximo de gastos del proceso.
Así las cosas, la institución recomienda al Legislativo especificar las categorías de los gastos electorales contemplados en la LOREG, así como las imputables a la subvención de los gastos electorales
Una mesa electoral, tras el cierre de las urnas la noche del 10-N.
Tribunal de Cuentas ha propuesto recortar en 72.600 euros la subvención que le corresponde a Vox por la campaña del 10-N del 2019 al haber computado como gasto electoral la mitad de esa cantidad, pese a que se utilizó para la contratación de espacios de publicidad electoral en emisoras de televisión privada, contraviniendo lo previsto en la Ley Electoral.
Podemos recibió microcréditos por parte nueve personas que sobrepasaron en un montante total de 60.600 euros el máximo permitido para las aportaciones de fondos a partidos políticos para la financiación de la campaña electoral de las elecciones generales del 2019, según el Tribunal de Cuentas que, no obstante, destaca que la formación ha justificado haberlos devuelto.
por el envío directo y personal de sobres y papeletas o de propaganda electoral. Además, ve oportuno evaluar la necesidad de adecuar los límites de gastos en publicidad exterior y de publicidad en medios privados a los nuevos soportes (prensa digital y otros usos en Internet).
Respecto a las operaciones de tesorería, el Tribunal ha señalado a siete formaciones políticas por realizar pagos, por un acumulado de 1,15 millones, con posterioridad a los noventa días siguientes al de la votación, incumpliendo lo establecido en la ley electoral.
Además, al acabar la campaña cinco formaciones mantenían deudas con proveedores por un total de 765.665,73 euros sin que ya pudieran disponer de los saldos de las cuentas corrientes abiertas para la campaña. Y once empresas han incumplido su obligación de proporcionar información detallada al Tribunal de Cuentas sobre facturas de más de 10.000 euros, lo que supone que no hay información de algo más de un millón.
Por ello, el Tribunal pide a los partidos que indiquen a las empresas que les hayan facturado por más de 10.000 euros que aporten al Tribunal de Cuentas la información.
HVox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de presuntos delitos de obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cuyo cese fue anulado por la Audiencia Nacional al considerar que fue «ilegal». La formación que dirige Santiago Abascal también extiende su demanda contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por los mismos tipos penales (artículos 464 y 404 del Código Penal).
En un comunicado, Vox también atribuye a los tres cargos de la cúpula de Interior la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, que renunció a su cargo un día después del cese de Pérez de los Cobos.
La Audiencia Nacional consideró el miércoles que la destitución
El PP y Cs piden el cese del ministro por el caso Pérez de los Cobos
de Pérez de los Cobos a finales de marzo del año pasado fue «ilegal» y, por tanto, la deja sin efecto.
También el PP y Cs han pedido la dimisión del ministro del Interior. «He trabajado mucho con ese gran profesional que es Pérez de los Cobos, un profesional con criterios técnicos y neutral que ha trabajado tanto con PP como con PSOE, ese es Pérez de los Cobos», afirmó en un acto de precampaña en Alcalá de Henares el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, también reclamó ayer la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el «varapalo» que le ha dado la Audiencia Nacional en este caso «tras el que debe coger la puerta e irse, no puede estar en el cargo ni un día más». Gamarra añadió que si no es así, el ministro «debe ser cesado».
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