70 dueños de Los Rostros 2 se unen para frenar los derribos en la finca pacense
Presentan un plan para regularizar su situación
Apenas 72 horas antes de cumplirse el plazo notificado por el Ayuntamiento de Badajoz para iniciar los derribos, 70 propietarios de parcelas y edificaciones de Los Rostros 2 han movido ficha para impedir que las máquinas comiencen mañana, 12 de abril, a demoler de manera subsidiaria las construcciones ilegales (viviendas, piscinas, cobertizos y vallados) que desde hace años se han ido levantando en esta gran finca, vendida después de parcelarse ilegalmente.
Tras contratar los servicios del arquitecto Juan Antonio Álvarez, el mismo que asesora a los vecinos en el mediático caso de la sierra de Santa Bárbara en Plasencia, este grupo de afectados presentó el viernes en el ayuntamiento un plan conjunto para regularizar la situación de sus propiedades acogiéndose a Ley de Ordenación Territorial y urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus) --la nueva Ley del Suelo -- y, en concreto, al artículo que permite legalizar las parcelaciones y construcciones en suelo rústico mediante la Declaración de Asentamientos Rústicos Irregulares. Esta categoría debe recogerse en el Plan General Municipal (PGM), pero en el caso del de Badajoz no es así porque data del 2007, mientras que la Lotus no entró en vigor hasta julio del 2019. Por eso, el primer paso que han dado, según explicó Álvarez, ha sido presentar en el ayuntamiento una modificación puntual del plan que delimite los asentamientos rústicos irregulares de Los Rostros 2.
El consistorio tendrá que aprobar o no su tramitación, sobre lo que deberá emitir una resolución administrativa y es en este trámite sobre el que se apoya el segundo paso que han dado los afectados, que también el viernes, con carácter individual, presentaron una solicitud para que los expedientes sancionadores abiertos contra ellos por Disciplina Urbanística se paralicen como «medida cautelar» hasta que el consistorio resuelva la modificación del PGM que han planteado.
El arquitecto señaló que, a diferencia de lo que ocurre en la sierra de Santa Bárbara, en Los Rostros 2 no hay causas penales abiertas, que son en los supuestos en los que se están ejecutando las órdenes de demolición en Plasencia, sino que se trata de expedientes administrativos. «Esto quiere decir que, aunque haya habido decisiones judiciales que los avalen, no hay ni una orden judicial ni una sentencia obligando a la demolición», apuntó Álvarez, quien puntualizó que lo que se ha remitido a los afectados de Badajoz es una comunicación en la que se les traslada que el 12 abril tienen que poner a disposición del ayuntamiento sus propiedades para ejecutar la demolición subsidiaria.
SIN ORDEN JUDICIAL / Ante este movimiento `in extremis' de los propietarios, ¿qué ocurrirá mañana? Juan Antonio Álvarez plantea dos opciones. La primera es que el ayuntamiento ya tenga conocimiento de la documentación que han presentado los afectados y decida paralizar los derribos, pues no ha habido tiempo para que emita una resolución ni favorable ni denegatoria a su solicitud. El segundo escenario que baraja es que, pese a esta nueva vía que han abierto los vecinos, las máquinas se presenten en la finca. Si esto sucede, lo tiene claro: «no van a entrar en ninguna propiedad porque no hay orden judicial que permita el acceso ni a las parcelas ni a las viviendas, porque lo que existe son resoluciones administrativas, pero no sentencias», aseguró
En este último caso, el ayuntamiento podría iniciar el procedimiento para que un juez autorice la entrada, pero entonces habría que dar traslado de ese paso a los propietarios, «por lo que tendremos el plazo necesario para presentar la documentación al juzgado sobre la solicitud del cambio urbanístico y las medidas cautelares que solicitadas», que, según recalcó Álvarez, están avaladas por sentencias judiciales de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura». A su juicio, llegados a esta situación, lo previsible es que el juez «determine que no se proceda a derribar, porque se puede producir un daño de difícil reparación en caso de que la regularización acabe en positivo», auguró.
El arquitecto que asesora a los vecinos de Los Rostros insistió en que lo que han solicitado no es un aplazamiento de las demoliciones, sino un procedimiento de legalización que está contemplado en la nueva Ley del Suelo y al que se han acogido el resto de asentamientos rústicos irregulares que se están tramitando en Extremadura, para lo considera que se puede llegar a un «entendimiento» con el ayuntamiento y la Junta. En este sentido, explicó que tendrán que acordar con ambas administraciones las condiciones de esa regularización, un procedimiento en el que, según recordó, está permitida alguna obra nueva, bajo la denominación de parcelas vacantes, para que no exista agravio comparativo entre quienes no han ejecutado edificaciones por ser ilegal y los que sí lo han hecho de manera irregular.
CINCO ÁREAS / No todos los propietarios de los Rostros 2 se han sumado a este procedimiento de legalización. Con las propiedades de los vecinos que sí se han unido se han delimitado 5 áreas de asentamientos rústicos irregulares (que engloban un número diferente de parcelas, con edificaciones y sin ellas), que son las que refleja la modificación puntual del PGM que han planteado. Una vez se hayan definido, el siguiente paso sería la puesta en marcha de un plan especial (que es el trámite en el que ya están en Plasencia), en el que se recogerá todo lo que hay edificado, para posteriormente llevar a cabo el proyecto de segregación y asignar a cada propietario la parcela que realmente posee. Al tratarse de un proindiviso, ahora son titulares de un porcentaje de la finca matriz, que es lo que mantendrán los afectados que no se han adherido a este procedimiento, por lo que sus expedientes sancionadores de derribo y multas seguirán adelante.
Álvarez, que también está en conversaciones con afectados de Los Rostros I para iniciar un procedimiento similar, calculó que los 70 propietarios de los Rostros 2 podrían tener sus propiedades regularizadas en un plazo máximo de dos años.