La instrucción del caso Alvia se cierra tras 8 años de la tragedia

El maquinista Francisco José Garzón Amo y el jefe de seguridad de Adif cuando se puso en marcha la línea ferroviaria Santiago-Ourense, Andrés Cortabitarte, son las únicas personas que serán procesadas por el descarrilamiento el 24 de julio de 2013 de un tren Alvia en Santiago, con el saldo de 80 muertos. La Audiencia Provincial de A Coruña confirmó el pasado jueves, casi ocho años después del accidente, el cierre de la investigación tras ser rechazados los recursos presentados contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3, a cargo de la causa y al frente del cual está el magistrado Andrés Lago Louro. En el banquillo, por tanto, se sentarán únicamente Garzón Amo y Cortabitarte, que deberán responder por la presunta comisión de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y otros 144 de lesiones.

Así las cosas, el juicio oral se abrirá contra estas dos personas: el maquinista del tren, que aquel día circulaba con un exceso de velocidad tras atender una llamada del interventor, y el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, al que el instructor atribuye la responsabilidad de una evaluación de riesgos deficiente en la línea férrea. Ahora, el instructor dará un plazo para presentar escritos de acusación y de defensa. Una vez recibidos, se estudiará la logística para planificar el juicio.

En septiembre de 2020, Andrés Lago cerró de nuevo la investigación del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois. Era la tercera vez que este magistrado -el segundo encargado de investigar la causa- daba por cerrada la instrucción. La primera, en octubre de 2015, con el maquinista como único imputado. La segunda, en diciembre de 2018, ya contaba, como ahora, con el exresponsable de seguridad de Adif como imputado, tras la línea que le marcó la Audiencia Provincial de A Coruña en el momento en que dictó la reapertura del caso. Fue la denuncia de un extrabajador de Talgo, que aseguró que res

El tren de Alvia de Santiago-Ourense en el lugar del siniestro, en julio de 2013. ponsables de la empresa ordenaron el borrado del registro de averías del tren poco después de sucedido el accidente, la que obligó a reabrir la causa en noviembre del año pasado. Talgo siempre negó esas acusaciones, pero el juez, ante la demanda de la Audiencia, tomó declaración al extécnico denunciante y a varios trabajadores para tratar de dilucidar si ese borrado existió o no.

Ahora, es la propia Audiencia la que avala su decisión de considerar

que estos hechos carecen de relevancia al afirmar que existe una causa basada en «terminantes y plurales indicios» que «no resulta cuestionable, apta por si sola para generar el descarrilamiento», como era «la velocidad excesiva para la curva en la que se salió el tren de la vía». En cuanto a la solicitud de sobreseimiento por parte del maquinista, la Audiencia asevera que «infringió indiciariamente el deber de cuidado que personalmente le competía».

H