Las «presiones» autonómicas no prorrogarán el estado de alarma
Urkullu se suma a las peticiones de ampliación el 9 de mayo El Gobierno solo acatará las propuestas de los expertos
Los temores de las comunidades autónomas a una incertidumbre jurídica una vez termine el estado de alarma el próximo 9 de mayo crecen conforme se va acercando la fecha. Algunas de ellas, como Euskadi, Comunidad Valenciana o Andalucía, han venido alertando de los problemas que pueden tener para imponer y hacer cumplir las restricciones. Ayer, el lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió directamente al presidente Sánchez que prorrogue el estado de alarma más allá de ese 9 de mayo. Y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, contestó que la previsión del Ejecutivo sigue siendo la de no prorrogarlo y que, en todo caso, si decidiera hacerlo, sería porque así lo recomiendan los expertos y no porque las comunidades autónomas «presionen o no».
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exigió al presidente del Gobierno que «dé la cara» y explique qué restricciones será necesario aplicar en España para seguir controlando la pandemia del coronavirus una vez se levante el estado de alarma el 9 de mayo y bajo qué marco jurídico se podrán aplicar. «Sánchez no puede ser solo Míster Vacunas, tiene que salir también para hablar de las restricciones y de qué instrumento jurídico va a haber para dar cobertura legal a las Administraciones Públicas que toman decisiones» cuando ya no esté vigente el estado de alarma, dijo tras la reunión del Comité Permanente.
Sobre el marco jurídico, la portavoz María Jesús Montero defendió ayer que no es necesario reformar ninguna ley para que los Gobiernos autonómicos hagan frente a la pandemia una vez decaiga el estado de alarma, porque ya «existe una legislación ordinaria suficiente» que les habilita para poder decretar la «suspensión local muy limitada de derechos fundamentales en algunos entornos, siempre y cuando sea validado por los tribunales».
Montero descartaba así la petición del PP (que junto al gallego Feijóo urgen una Conferencia de Presidentes para evitar el «caos») y de varias comunidades de aprobar una nueva ley de pandemias, al entender que las leyes actuales permiten a los gobiernos autonómicos tomar las medidas necesarias. «Si la incidencia acompaña a lo que en este momento los expertos entiende que va a haber en el horizonte, la legislación ordinaria es suficiente para que las comunidades adopten sus medidas», apostilló.
«Como siempre, el estado de alarma ha estado inspirado, su prórroga o suspensión, por la decisión y el consejo de los expertos, de aquellos que en el día a día están aconsejando al Gobierno en la toma de decisiones para permitir salvar vidas», añadió.
En este sentido, explicó que se trata de un «elemento imprescindible, cuando lo es», pero cuyo uso no se puede normalizar; es decir, que hay que recurrir a él solo en «aquellas situaciones en donde no hay otra capacidad de contener, ya que se trata de la limitación de derechos y libertades fundamentales». Montero señaló que si los datos de contagios crecieran más de lo esperado, y los expertos recomendaran seguir con el estado de alarma, el Gobierno así lo haría.
La portavoz María Jesús Montero descarta la idea del PP de una nueva ley de pandemias