Más de 2.500 jueces alertan a la UE de las reformas judiciales

Alegan «un riesgo de violación grave del Estado de derecho»

Más de 2.500 jueces han dirigido un escrito ante la Comisión Europea en el que solicitan que si el Gobierno continúa desatendiendo las recomendaciones de la UE se inicie un procedimiento para constatar «el riesgo claro de violación grave del Estado de derecho» en España por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

El escrito que va dirigido a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, ha sido impulsado por tres de las cuatro asociaciones judiciales, APM, Foro Judicial y Francico de Vitoria; la progresista Juezas y Jueces para la Democracia no se ha sumado.

Las asociaciones recurren a Europa por su «inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España», tras las dos iniciativas legislativas de PSOE y Podemos. Una en tramitación que propone que los vocales se elijan por mayoría simple y no reforzada en las cámaras a la que se refieren como «una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento», lo que supone «el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción».

Y otra, ya aprobada, que impide los nombramientos cuando el Consejo esté en funciones y reduce sus funciones «a aspectos meramente burocráticos», en detrimento de su función esencial: ser el garante de la independencia judicial a la que tildan de «Ley de Apagón o Desapoderamiento del CGPJ».

Por ello, piden a la UE que tome conocimiento acerca de las reformas que conducen al CGPJ a «su colonización por los partidos políticos» que no solo «pone en riesgo el Estado de derecho» sino que «constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el Tratado de la UE y, por lo tanto, del Derecho de la Unión».

Al respecto, solicita a la Unión Europea que inste al Gobierno a abordar las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el Tratado y que, en su caso, se valore la procedencia de la aplicación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

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