El Supremo procesa a Alberto Rodríguez
El diputado podemita está acusado de dar una patada a un policía
El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral dio ayer por concluida la instrucción de la causa que se sigue contra el secretario de Organización y diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y propone juzgarle por un delito de atentado y delito leve (antes falta) de lesiones por propinar presuntamente una patada a un policía el 25 de enero del 2014 en La Laguna (Tenerife) durante una manifestación contra el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert.
El magistrado prácticamente se limitó a tomar declaración al investigado, puesto que, después de que Rodríguez obtuviera un escaño en el Congreso y con él el fuero ante el Supremo, la causa llegó al alto tribunal hasta con una petición fiscal, consistente en un año de prisión y un mes de multa. Ahora dispone de 10 días para ratificar esa petición o formular un nuevo escrito de acusación.
En opinión del juez, los argumentos de la defensa a favor del archivo de las actuaciones son, «en todo caso, más propios del plenario» y explica que «las declaraciones del agente que aparece como supuesta víctima, más la objetividad de los partes médicos conforman un cuadro indiciario suficiente para avanzar en el procedimiento» y que se determine lo que ocurrió en un juicio.
A Rodríguez, que renunció a comparecer en el alto tribunal, lo que obligó a cursar el correspondiente suplicatorio contra él al Congreso, se le atribuye, «tras algunos altercados entre manifestantes y efectivos policia
Alberto Rodríguez. les, propinar una patada a un policía, causándole una contusión en la rodilla izquierda, que sanaría en cinco días, sin baja laboral y con necesidad de una única asistencia facultativa».
En su declaración ante el juez el 4 de marzo, Rodríguez defendió que «no ocurrió nada de lo que dicen», por lo que estos hechos son un «episodio más de un intento de criminalizar la protesta social y de amedrentar a la gente que lucha en la calle por sus derechos».
HEl Gobierno formalizó ayer por vía electrónica una petición de licencia de obras para exhumar cadáveres en el Valle de los Caídos ante el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. En ese consistorio, el proyecto se someterá al punto de vista de una alcaldesa del PP en precampaña y un arquitecto municipal en situación de interino tras el fallecimiento del que visó la anterior exhumación en el valle, la de Francisco Franco. La solicitud, remitida por Patrimonio Nacional, fue admitida para su traslado a los servicios municipales de Urbanismo.
El objetivo es identificar y extraer los restos de, entre otro medio centenar de víctimas, los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, anarquistas fusilados en Calatayud (Zaragoza) en agosto de 1936. Su familia reclama desde hace un lustro el cumplimiento de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial reconociendo el derecho de los parientes a recuperar los cuerpos.
La petición de licencia llega en plena precampaña de las elecciones madrileñas. La actual alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, la popular Carlota López Esteban, gobierna con Ciudadanos y ocupa el puesto 95 de la lista de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones a la Asamblea de Madrid que se celebrarán el 4 de mayo. Carlota López es publicista y abogada, y lleva dedicada a la vida municipal en el PP los últimos 14 años.
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