Un plan de 70.000 millones a cambio de 102 reformas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó ayer que el Gobierno «analizará» hoy el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que él mismo presentará mañana en el Congreso de los Diputados. El Plan para acceder a los fondos europeos asignados a España incluye un total de 212 medidas, que aún no se han concretado.
El presidente anticipó que 110 de estas medidas corresponden a proyectos de inversión que movilizarán 70.000 millones de dinero público en 3 años, entre el 2021 y el 2023. Además, recordó que el efecto de estas inversiones sobre el crecimiento económico se estima en dos puntos a partir de este año, con la creación de 800.000 puestos de trabajo, mientras que su impacto sobre el crecimiento potencial se sitúa por encima del 2% a partir de 2030.
Las otras 102 medidas incorporadas en el plan son reformas, como la del mercado laboral o las pensiones, que el presidente no concretó y otras
Aunque España arrancó el proceso de evaluación como uno de los alumnos «más avanzados» del club, todo parece indicar que apurará el plazo de entrega del plan nacional de inversión y reformas que le debe abrir la puerta a los 140.000 millones de euros (casi por mitades subvenciones a fondo perdido y créditos) del plan de recuperación de la UE con el que reflotar la economía y transformar su modelo productivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, en un acto. ya en marcha, como la ley del teletrabajo o la del cambio climático. La recepción de los fondos para los 110 proyectos de inversión estará condicionada al cumplimiento en tiempo de las 102 reformas que el Gobierno comprometerá ante la Comisión Europea. El plan persigue también crear más empresas, de mayor tamaño, y más empleo, pero de calidad.
El Plan será aprobado en un Consejo de Ministros la próxima semana o la siguiente para su remisión a la Comisión Europea antes de que finalice el plazo oficial, el 30 de abril, con más de un mes de retraso sobre los planes iniciales del Ejecutivo.
Una vez cumplido este trámite –el plazo expira el 30 de abril– se abrirá otra etapa que podría prolongarse tres meses: dos para que el Ejecutivo comunitario evalúe el documento definitivo que remita el Gobierno de Pedro Sánchez y uno adicional para que el Consejo –los estados miembros– revise y valide la recomendación.
En este examen los técnicos comunitarios evaluarán no solo las reformas e inversiones propuestas para cumplir con las seis prioridades fijadas por la UE sino también el cumplimiento de las recomendaciones económicas por país que elabora la Comisión Europea cada año en el proceso del semestre europeo. Este es un ámbito de particular importancia dado que es donde Bruselas ha urgido por acti
El presidente del Gobierno participó ayer en la apertura del evento Wake up, Spain, organizado por el diario digital El Español para reflexionar con personalidades del mundo político, empresarial y de los agentes sociales en torno a la implementación de los fondos europeos, las reformas pendientes y la recuperación económica.
El Plan del Gobierno debe servir para encauzar la aplicación de los alrededor de 140.000 millones de euros de fondos europeos asignados a España para los próximos seis años (desde el 2021), que llegaran en forma de transferencias a fondo perdido (la mitad de ellos) y de créditos blandos.
Hva y pasiva a España a reformar el sistema de pensiones, para garantizar la sostenibilidad y que la revalorización de las mismas siga vinculada a la inflación. Y otro es el mercado laboral, con los cambios para modernizar las políticas activas de empleo y hacer frente a la alta temporalidad y al elevado paro juvenil.
Esto significa que para obtener luz verde por parte de Bruselas no solo será «condición indispensable» lograr un sobresaliente en la transición verde y digital, para lo que es obligatorio destinar un 37% y 20% respectivamente de los fondos. España también deberá obtener «la máxima puntuación en la evaluación» en los criterios relacionados con las recomendaciones específicas por país, el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, social e institucional así como la contribución a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.
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