Los dueños de una urbanización ilegal impiden el derribo de unas 40 edificaciones
Niegan el paso a la Policía Local y a los técnicos
Los propietarios de Los Rostros 2 impidieron ayer por la mañana, que como les había notificado el Ayuntamiento de Badajoz, comenzasen los derribos de algunas de las edificaciones que se levantan en esta urbanización, cuyo nombre real es Huertas de la Encina. Los vecinos cerraron la cancela de entrada, tras la que se parapetaron, y negaron el paso a los técnicos municipales, que se desplazaron acompañados por varias patrullas de la policía local, alegando que se trata de una propiedad privada. Ante la negativa, técnicos y agentes se marcharon minutos después, no sin antes informarles de que solicitarían una orden judicial para proceder a la ejecución de estas demoliciones.
Ayer estaba previsto que comenzaran los trabajos para demoler 40 edificaciones ilegales , correspondientes a expedientes de los años 2005 al 2009 (el resto se encuentran en proceso de resolverse), en esta urbanización y en Los Rostros 1, donde tampoco se llevaron a cabo. No es la primera vez que el ayuntamiento trata de ejecutar estos derribos (lo hace de manera subsidiaria tras la negativa de los propietarios), pues en Los Rostros 1 ya lo intentó hace años, pero los afectados los paralizaron.
La concejala de Gabinete de Proyectos, María José Solana, que compareció después de que los propietarios impidieran la entrada a sus propiedades, confirmó que los servicios jurídicos municipales van a solicitar una autorización judicial que permita proceder al cumplimiento de los expedientes de restitución de la legalidad urbanística que, según recalcó, están avalados por numerosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Como ya adelantó este diario en su edición del domingo, 70 vecinos de Los Rostros II, asesorados por el arquitecto Juan Antonio Álvarez, han iniciado el procedimiento para tratar de legalizar su situación, acogiéndose a la figura del Asentamiento Rústico Irregular que recoge la Ley de Ordenación Territorial y Urbanismo Sostenible de Extremadura (Lotus), para lo que el pasado viernes presentaron en el ayuntamiento una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) y, de forma paralela, una solicitud individual para que se paralizasen los expedientes sancionadores abiertos contra ellos como medida cautelar. Solana confirmó ayer que esta documentación se ha recibido y que se está estudiando.
Con estos trámites ya en marcha, los afectados de Los Rostros II pidieron ayer «voluntad política» por parte del Ayuntamiento de Badajoz para legalizar la situación de sus propiedades, pues consideran que la nueva ley del suelo ha abierto una puerta para regularizar sus parcelas y edificaciones. Sin embargo, Solana aseguró que en estos momentos no se puede hablar en términos de voluntad política, sino «de legalidad o ilegalidad». En este sentido, recordó desde el principio se informó y advirtió a los vecinos de que estaban cometiendo «una absoluta ilegalidad», pese a lo que durante años se han seguido levantando edificaciones de todo tipo en estas fincas, donde, puso citó como ejemplo, hay desde vallados y cobertizos hasta viviendas de tres plantas.
Las primeras actuaciones por la parcelación ilegal de estas fincas, que son proindiviso, se iniciaron en el 2005, pero pese a las «continuas notificaciones» a los propietarios para que derribasen las edificaciones, restituyendo así la legalidad urbanística, en una nueva inspección de Urbanismo en el 2011 se comprobó que no solo no se habían demolido, sino que habían crecido en número.
Los afectados, por su parte, insistieron en que llevan años tratando de regularizar su situación y resolver de una vez por todas su situación, pues en muchos casos se trata de primeras residencias y en otros donde han ido a parar los ahorros familiares. Por ello, ante la decisión del ayuntamiento de recurrir a una orden judicial para ejecutar los derribos, los vecinos darán traslado al juzgado los procedimientos que han iniciado para legalizar su situación, con el fin de que se paralicen los expedientes hasta que el consistorio resuelva sobre la modificación puntual del PGM presentada, según explicó José Luis Cruz, portavoz de los propietarios.
«Aquí hay gente que ha vendido su piso para construirse una casa y si se la tiran, no tiene otro sitio donde ir», puso como ejemplo del «gravísimo perjuicio» que supondría para las familias que las demoliciones se ejecuten finalmente. A juicio de los afectados, se les está utilizando como «cabezas de turco» para impedir que se repitan conflictos urbanísticos similares, cuando, según defendieron, en la ciudad se han legalizado con anterioridad otras urbanizaciones y también se está haciendo ahora en otras poblaciones de Extremadura a través de la nueva ley del suelo.
MISMO CRITERIO PARA TODOS Por su parte, el arquitecto Juan Antonio Álvarez, subrayó que la finalidad de la figura de los Asentamientos Rústicos Irregulares que recoge la Lotus es precisamente regularizar este tipo de urbanizaciones y advirtió de que los criterios que el Ayuntamiento de Bada
joz aplique en este caso deberán ser los mismos que se sigan en el resto de Badajoz. En este sentido, cuestionó que desde el consistorio se esté promoviendo la regularización de la urbanización Campomanes, un Núcleo Urbanos Secundario (NUS), a través del asentamiento rústico irregular, cuando, su situación, a su juicio, «es peor» urbanísticamente , puesto que no solo existe parcelación ilegal y construcciones sin licencia, sino que, además, como su nombre indica es suelo urbano y no rústico, como el de Los Rostros 1 y 2. «Puede ser que si se deniega la declaración de asentamiento rústico a Los Rostros, nos podamos meter en un contencioso y se pueda denegar esta declaración para todos, con lo que tendrían que derribarse 4.000 viviendas en Badajoz», expuso Álvarez, quien consideró que el equipo de gobierno «no está midiendo el alcance del procedimiento lo que hemos presentado», dijo.
A este respecto, defendió que la decisión del ayuntamiento no puede basarse en «dar un escarmiento», sino que debe sustentarse en informes técnicos y jurídicos que tengan después carácter general. «Si a nosotros nos lo deniegan, a los demás se lo están denegando también», concluyó.